Nadie teme más la arbitrariedad de un juez que otro juez. Y nadie la combate con más insistencia. Es normal en los gremios a los que hemos entregado la capacidad de decisión sobre las vidas y las haciendas ajenas: quien goza de tanto poder sabe que sólo desde una atalaya análoga podrá ser corregido o enmendado. El poder arbitrario, además, es el más inseguro del mundo porque no se sustenta en el derecho. Obedece al capricho y a la voluntad.
Tiene pues toda la lógica del mundo que Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, haya reaccionado con sumo desagrado ante la decisión de la Audiencia de Sevilla de formular ante las instituciones europeas una cuestión prejudicial de discrepancia sobre las capacidades del TC para enmendar sentencias impuestas por la justicia ordinaria.

Los expresidentes socialistas Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán (d) en la Audiencia provincial de Sevilla Raul Caro
Pumpido ha identificado perfectamente la profundidad de esta vía de agua, capaz de hundir un transatlántico: si los magistrados de la Audiencia sevillana, el órgano que condenó a los políticos socialistas que participaron en esta red de corrupción, consiguen el respaldo de los tribunales europeos, él mismo quedaría desautorizado y la mayoría socialista en el TC se vería seriamente comprometida. Dos hechos con una indudable trascendencia política.
Y, sin embargo, la decisión de la Audiencia de Sevilla no debería extrañar a nadie. En contra de lo que propagan los dirigentes socialistas y difunden los abogados de los condenados por los ERE, no es una rebelión. Es un ejercicio de autodefensa coherente con su función social.

Inmaculada Montalbán, aplaudida por José Antonio Griñán y Fuensanta Coves tras recibir la Medalla de Ի岹ܳ́
Se trata de una medida natural, lógica y pertinente porque ningún magistrado de carrera está obligado a soportar (en silencio) que otro le adjudique –como ha sucedido en la operación de blanqueamiento de los ERE– conductas tan graves como violar los derechos fundamentales de los políticos del PSOE condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Aceptar sin más esta afirmación del Constitucional, cuyo fallo implica inmiscuirse desde un órgano cuyos miembros son elegidos por criterios políticos en las tareas propias de la justicia ordinaria, es equivalente a asumir la perpetración consciente de un delito y una mala praxis judicial. Ninguna de estas dos cosas ha sucedido, aunque el Constitucional así lo proclame. Si lo hace es porque no tenía otra vía para sacar adelante la amnistía de los políticos socialistas desde el ámbito de sus competencias que cuestionar la solvencia de la Audiencia de Sevilla.

Los políticos socialistas durante el juicio de los ERE
Tanto en la instrucción, avalada por el Tribunal Supremo, como durante el juicio contra la cúpula del PSOE andaluz, todos los condenados por los ERE gozaron de suficientes garantías jurídicas y procesales. Su problema nunca ha sido éste. Es de otra naturaleza: nadie, salvo los magistrados del Constitucional designados por el PSOE, les han dado nunca la razón.
Al agotarse el recorrido judicial de la causa en contra de sus pretensiones, la única fórmula para eximirlos de la acción de la justicia ordinaria era este indulto indirecto, impulsado por magistrados que no se abstuvieron para salvaguardar la independencia del órgano judicial y que mantienen relaciones de amistad con buena parte de los políticos socialistas implicados.
Pumpido, que se inhibió cuando la causa pasó por el Tribunal Supremo, cosa que no ha hecho ahora, fue el fiscal general del Estado con Zapatero. Inmaculada Montalbán, la ponente del fallo del Constitucional, fue condecorada por José Antonio Griñán, que se libró de entrar en la cárcel a pesar de haber sido condenado en firme por malversación. Juan Carlos del Campo fue ministro de Justicia y, antes, director general en los gobiernos de Manuel Chaves.
Todos estos elementos atmosféricos impiden que el borrado de los ERE decretado por el Constitucional pueda interpretarse como una decisión estrictamente jurídica, al margen de su evidente motivación política. Pensar que los magistrados de la Audiencia de Sevilla no iban a defenderse de tan grueso ataque a su independencia es directamente ingenuo.
Mucho más teniendo en consideración que tanto los políticos socialistas condenados como los actuales dirigentes del PSOE andaluz califican a los magistrados de la Audiencia de Sevilla como cómplices necesarios de una campaña política cuya responsabilidad adjudican al PP, obviando que la malversación de fondos públicos existió y alcanzó los 680 millones de euros.
La falta de decoro de los dirigentes socialistas llegó a su punto de no retorno hace unos días, cuando Rafael Escuredo, el primer presidente de la Junta, pensionado con salarios públicos durante decenios a través del Consejo Consultivo de Ի岹ܳí, escribió en las redes sociales: “¿Recordáis a los jueces de la Audiencia de Sevilla manifestándose a la puerta de los juzgados contra la amnistía? Son los mismos que para prolongar el asunto han enviado la sentencia del T. C. sobre los ERES al TJE para su revisión. ¿Independencia judicial?”.
El PSOE andaluz concibe la justicia como si fuera un cuartel y los jueces estuvieran sujetos al ordeno y mando. Nada extraño, por otra parte, pues tanto durante la fase de instrucción como en la vista judicial los socialistas han criticado a cada uno de los magistrados que no les han dado la razón. Y han sido muchos. Que la Audiencia de Sevilla trate de defender ante los foros europeos su criterio es la respuesta más adecuada ante esta campaña de hostigamiento por parte de los socialistas, que ya creían haber conjurado esta negra herencia de su pasado.
La iniciativa de la Audiencia tiene serios visos de prosperar, en buena medida debido a la escasa finezza del Constitucional, que desprecia de forma olímpica hechos tan objetivos e indiscutibles como la malversación de los recursos públicos e instaura la impunidad como un derecho de los políticos a partir de interpretaciones jurídicas de orden bizantino.
El desenlace de los ERE parece llamado a prolongarse hasta el infinito. Ya no se circunscribe a su causa de origen. Se extiende a otros conflictos entre el Constitucional y el Supremo, como la amnistía. Los altos cargos socialistas que fueron condenados han dejado otra vez de dormir tranquilos. Es de suponer que Pumpido tampoco concilie el sueño igual que antes.