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El transporte marítimo empezará a pagar por su impacto climático en el 2028

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La Organización Marítima Internacional rechaza crear un impuesto para penalizar las emisiones, pero avanza hacia un sistema de comercio de emisiones para incentivar los combustibles limpios

Los buques de carga que transportan grano de Ucrania están anclados mientras esperan en fila en el mar de Mármara, Estambul

Buques de carga que transportan grano de Ucrania están anclados mientras esperan en fila en el mar de Mármara, Estambul

EFE

Las compañías navieras tendrán que pagar por el dióxido de carbono producido por sus buques, según las nuevas normas acordadas recientemente por la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres.

Aunque no prosperó la idea planteada por los Estados insulares del Pacífico y otros países de establecer un impuesto para gravar cada tonelada de CO2 emitida, finalmente se ha dado luz verde a la implantación de un sistema de mercado de emisiones, con penalizaciones y recompensas en virtud del grado de cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la OMI.

La mayoría se consiguió gracias al apoyo de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, muchos países latinoamericanos y China. Dieciséis Estados, principalmente países productores de petróleo, entre ellos Irán, Qatar, la Federación de Rusia y Arabia Saudí votaron en contra. Veintitrés Estados miembros de la OMI se abstuvieron.

El compromiso implica que todos los buques deberán pagar por el CO2 que emitan a partir de 2028.

Un paso hacia la descarbonización

Aunque la ambición de las medidas acordadas ha quedado muy por debajo de las expectativas previas, OceanCare y otras oenegés ha celebrado el hecho de que se haya obtenido una mayoría de votos para seguir avanzando en la descarbonización del transporte marítimo, lo que lo convierte en el primer sector industrial mundial en adoptar una normativa vinculante en esta materia.

Todo ello a su vez es también “un éxito rotundo para el sistema de multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas”, según Carlos Bravo, representante de OceanCare, que asistió a la 83.ª reunión del comité de protección del medio marino de la OMI en Londres.

Los buques estarán sujetos a un cargo por sus emisiones de gases de efecto invernadero, que se verá incrementado a partir de cierto umbral, y también podrán intercambiar créditos de carbono entre sí.

Un fondo para incentivar los carburantes limpios

La finalidad es incentivar a las empresas navieras a que utilicen tecnologías más limpias y combustibles bajos en CO2 y operen de forma más eficiente, por ejemplo, reduciendo la velocidad, entre otras estrategias para derrochar menos carburante.

En ese contexto, se ha acordado la creación de un fondo de cero emisiones netas mediante el cual la OMI desembolsará los ingresos recaudados por el sistema acordado para promover el uso de tecnologías, combustibles y fuentes de energía con emisiones de gases invernadero nulas o casi nulas.

Se espera que con esa medida sean recaudados unos 10 000 millones de dólares al año, cifra en cualquier caso inferior a los 60 000 millones de dólares anuales que se esperaban con un simple impuesto al carbono.

Las reducciones de emisiones que probablemente se logren también serán modestas, al menos en los primeros años: alrededor del 8 % para 2030, según estimaciones de la consultora de transporte marítimo comercial Umas Esta cifra está muy por debajo de la reducción del 20% exigida por la estrategia climática de la OMI, establecida en 2023.

Señal para los carburantes verdes

Jonas Moberg, director ejecutivo de la Organización del Hidrógeno Verde, defensora del hidrógeno, juzgó que la decisión envía una señal positiva para las empresas de combustibles verdes para que sigan adelante con sus proyectos. Se espera que los combustibles con emisiones casi nulas, como el amoníaco verde [un tipo de combustible de hidrógeno], desempeñarán un papel cada vez más importante en el transporte marítimo en los próximos años.

Sin embargo, los combustibles limpios de cero emisiones no estarán disponibles a gran escala hasta dentro de más de una década, por lo que, mientras tanto, debido a la urgencia de la crisis climática, “la OMI debería adoptar medidas reguladoras para acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de medidas operativas como la reducción de la velocidad de los barcos y técnicas como la instalación de energía eólica para apoyar la propulsión”, añadió Carlos Bravo, representante de OceanCare

Biocombustibles y gas

Si bien los armadores podrían verse tentados a optar por el gas natural licuado (GNL) como alternativa más limpia a los combustibles pesados y contaminantes que se utilizan habitualmente, se espera que las normas se endurezcan en la década de 2030 para penalizar aún más el GNL

Tristan Smith, profesor asociado de energía y transporte en el University College de Londres, las normas podrían fomentar el uso de biocombustible -la opción de cumplimiento probablemente más económica para el 85% de la flota durante los primeros cinco años- pero estos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

El pacto “conducirá a la destrucción de las selvas tropicales al promover los biocombustibles de primera generación”, según Transporte and Environment.

Añadió que sería crucial continuar las negociaciones para perfeccionar las normas de comercio de carbono hasta su adopción formal en octubre para limitar los daños.

Críticas al acuerdo

Muchos pequeños estados insulares se abstuvieron en la votación final y mostraron por ello su decepción. Simon Kofe, ministro de Transporte y Աí de Tuvalu, declaró que las soluciones ofrecidas no eran de su satisfacción, pues, como países vulnerables al clima, la solución preferida era un impuesto. Añadió que la alternativa dada por las mayores economías del mundo “no nos permitirán alcanzar la meta de un calentamiento máximo de 1,5 °C [por encima de los niveles preindustriales]. Nos pidieron que nos conformáramos con menos, pero nosotros somos los que más perdemos”.

Las normas ahora deben perfeccionarse y podrían estar sujetas a modificaciones sustanciales antes de que puedan adoptarse formalmente en una reunión de la OMI en octubre. Albon Ishoda, enviado especial para la descarbonización marítima de las Islas Marshall, declaró: “No hemos terminado. Volveremos. Junto a nuestros amigos del Caribe, el Pacífico, África, Centroamérica y el Reino Unido. Seguimos en pie. Seguimos al frente”.

Portazo de EE.UU.

Estados Unidos, que había estado presente en las conversaciones, detuvo las negociaciones tras enviar una misiva a otros países en la que dejaba claro que Donald Trump se oponía al impuesto al carbono propuesto. No está claro si Estados Unidos aceptará el acuerdo sobre el comercio de carbono acordado, pero otros países confían en que pueden imponer las normas en cualquier caso.

Un país desarrollado participante declaró a The Guardian que el acuerdo era probablemente el mejor que se podía esperar. La UE se había mostrado firmemente a favor de un impuesto, pero antes de que las conversaciones comenzaran en serio, cambió su postura para respaldar el comercio de carbono.

China, Brasil y varias otras economías emergentes se opusieron al impuesto, pero votaron a favor del acuerdo sobre el comercio de carbono.

Decepción de los más vulnerables

Ralph Regenvanu, ministro de Medio Ambiente de Vanuatu, declaró: “”Seamos claros sobre quién ha abandonado el objetivo de 1,5 °C [el más estricto de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París de 2015]. Arabia Saudí, Estados Unidos y sus aliados en el sector de los combustibles fósiles redujeron las cifras a un nivel insostenible y bloquearon el progreso constantemente. Estos países, y otros, no apoyaron un conjunto de medidas que habrían encaminado a la industria naviera hacia el objetivo de 1,5 °C. Y rechazaron una propuesta para una fuente fiable de ingresos para quienes necesitamos urgentemente financiación para ayudar a afrontar el impacto climático“.

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