Nos quejamos de que los partidos extremistas utilizan la inmigración para polarizar a la sociedad fomentando el miedo. Pero los partidos tradicionales no están exentos de culpa, porque al no aportar soluciones racionales basadas en datos fiables, dejan constantemente el campo libre a Vox, Aliança Catalana y Alvise.
Para abordar de un modo racional la inmigración, necesitamos que los políticos nos proporcionen, como poco, dos datos básicos: primero, el número de inmigrantes irregulares que hay en el país y en cada comunidad autónoma. Y segundo, el número de inmigrantes que calculan que son necesarios para mantener o aumentar el crecimiento económico del país o de la comunidad, dada nuestra seria crisis demográfica. Eso determinaría el ancho del tubo del problema. Pero hoy en día esos datos ni se dan, ni quizás existen.

La semana pasada estuve en el muelle de la Restinga en la isla de El Hierro. Aunque es el punto de mayor entrada de inmigración irregular de Europa, por allí no han pisado ni Sánchez ni Núñez Feijóo. Pese a que el problema de la inmigración irregular es complejo, gestionar la inmigración de una manera justa pero firme requiere que los políticos hagan su deber más básico, que es enterarse de cómo se organizan las cosas sobre el terreno.
Lo primero que te impacta allí son los endebles cayucos en los que más de cien personas hacen ocho días y ocho noches de durísima travesía, la tragedia humanitaria, la buena voluntad de las autoridades y de la mayoría de la gente. Pero también impacta el que el Ayuntamiento no tiene datos del Cabildo, que a su vez no los tiene de la comunidad autónoma. La coordinación entre el Gobierno y la autonomía falla. Y los dos ministerios responsables –Interior e Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones– se llevan de pena.
A la falta de coordinación se le une el secretismo, que es lo que hace que teorías inventadas entren en escena. Unos dicen que hace falta un hospital de campaña, otros que sobra espacio hospitalario. Unos se quejan de que no hay ambulancias, pero los inmigrantes utilizan un servicio de ambulancias distinto. Que todos son africanos, o que vienen también de India, Pakistán y Afganistán. Que allí hay 1.000 policías, pero parece que no hay más de 50.
Una vez que a los inmigrantes se les presta atención humanitaria y se les entrevista, tras retenerles un máximo de 72 horas, se les deja libres y no se sabe adónde van o qué hacen. Algo parecido ocurre con los que entran por los aeropuertos (muchísimos más que los que llegan en cayucos): ni se comprueba que no se queden más allá de lo que indican sus permisos de entrada, ni se sabe dónde están cuando lo hacen.
Ni el Gobierno ni la oposición están poniendo soluciones sobre la mesa a muchas necesidades
En una sociedad en la que todos tenemos móviles, se paga de forma electrónica y se sabe todo sobre nosotros, ¿es realmente imposible establecer un sistema de trazabilidad de los inmigrantes irregulares? Las autoridades locales saben dónde están muchos de ellos a través de los empadronamientos. Y las administraciones autonómicas saben cuándo los inmigrantes irregulares hacen uso de los servicios gestionados por ellas.
En el caso de los inmigrantes irregulares llegados en cayuco, hay una preocupante dimensión adicional: en el 2024 entraron 640 cayucos en Canarias,con 640 patrones que son miembros de mafias internacionales que trafican con personas. ¿Cuántos de esos patrones han sido detenidos?
Según se acerca el cayuco al puerto, tiran el GPS y el patrón se mezcla con el resto de los inmigrantes, así que reciben asistencia, se les entrevista y se les deja libres. Algunos hacen hasta varios viajes sin que se les detecte.
Ni el Gobierno ni la oposición están poniendo soluciones sobre la mesa: ni se pone en marcha un mecanismo eficaz para coordinar urgentemente a las administraciones, ni se están testando sistemas de trazabilidad, ni se está revisando la fiabilidad del sistema de entrevistas, ni se están tomando iniciativas para localizar y detener a los patrones ni, por supuesto, se están abriendo los datos de todo ello.
Es paradójico que se esté discutiendo ahora sobre si la competencia en inmigración tiene que estar en manos del Estado o delegarse, cuando el problema no es la competencia, sino la abrumadora incompetencia política.