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El príncipe Enrique vuelve a Londres para un nuevo juicio sobre su seguridad en el Reino Unido

Familia real británica

El duque de Sussex quiere que de su protección cuando viaja al país se haga cargo el Estado

Court artist sketch by Elizabeth Cook of Shaheed Fatima KC, watched by the Prince Harry, left, during the hearing at the Royal Courts of Justice, central London, Tuesday, April 8, 2025, for his appeal against a High Court ruling on his legal claim against the Home Office. (Elizabeth Cook/PA via AP)

Boceto de la artista judicial Elizabeth Cook de Shaheed Fatima KC, observada por el príncipe Harry, a la izquierda, durante la audiencia en los Tribunales Reales de Justicia, en el centro de Londres.

AP

El príncipe Enrique continúa su lucha ante la decisión del ministerio de interior británico (Home Office) de reducir su seguridad personal financiada por los contribuyentes cuando visita el Reino Unido. El duque de Sussex ha viajado a Londres para asistir este martes a una nueva vista ante los Tribunales Reales de Justicia, en la que ha expuesto que él y su esposa, Meghan Markle, se sintieron obligados a retirarse de sus deberes reales en el 2020, debido a que consideraban que la institución no los protegía.

Este es uno de los últimos asuntos que colean tras el Megxit, y en el que Enrique peleacontra un fallo que niega un derecho automático para él, Meghan, Archie y Lilibet a contar con guardaespaldas financiados con fondos públicos durante sus visitas al Reino Unido. En el alegato de Enrique a través de su abogada, Shaheed Fatima, se expone “que (a Enrique) se le ha dispensado un trato diferente, injustificado e inferior”.

Britain's Prince Harry walks outside the High Court, on the day he is expected to give evidence in his appeal against the rejection of his legal challenge to the British government's decision to take away his police protection when he is in Britain, in London, Britain, April 8, 2025. REUTERS/Isabel Infantes     TPX IMAGES OF THE DAY

El príncipe Enrique camina fuera del tribunal que juzga su apelación contra el rechazo de su desafío legal a la decisión del gobierno británico de quitarle su protección policial.

REUTERS

“El 8 de enero de 2020, (el duque de Sussex) y su esposa se vieron obligados a retirarse de su función como miembros oficiales a tiempo completo de la familia real, ya que consideraban que no contaban con la protección de la institución, pero deseaban continuar con sus funciones de apoyo a la difunta reina como miembros de la familia real con financiación privada”, ha expuesto su abogada,considerada una pionera en derecho tras convertirse en el 2016 en la primera abogada británica en usar hiyab.

Según Shaheed Fatima, cuando Ravec (un comité ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas) despojó al príncipe de su seguridad de alto nivel en febrero del 2020, no siguió sus propias reglas. “Su seguridad no parece haberse tratado en ninguna reunión formal de Ravec y no existen notas oficiales ni actas detalladas que registren el enfoque que se adoptará en relación con su seguridad”, alega la letrada.

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Cuando el duque de Sussex emprendió acciones legales contra la decisión deRavec, lo hizo en dos sentidos. Por un lado, intentó hacer valer su derecho a la protección oficial cuando visitase territorio británico, algo que de momento no le ha reconocido ningún tribunal. Y, por otro, si esta vía no fuese posible, quería poder realizar pagos privados de su bolsillo al ministerio de interior británico para que su seguridad y la de su familia siguiese a cargo de los servicios del Estado en sus visitas al Reino Unido, pero otro juez ya desestimó esa causa en mayo del año pasado.

En el segundo caso, el príncipe buscaba el visto bueno del Tribunal Superior de Londres para pagar su propia protección en el Reino Unido, pero que de la organización de esa seguridad se hiciera cargo el Estado. Ante requerimientos del juez, la Policía Metropolitana de Londres insistió en que sus oficiales no son “armas de alquiler” para los ricos y famosos, y alegaron que permitir que Enrique pague por la protección oficial sentaría un “precedente inaceptable”. También coincidían en que sería “incorrecto que un cuerpo policial ponga a los oficiales en peligro tras el pago de una tarifa por parte de un particular”.

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