La jueza federal Patricia Millett, del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, aseguró el lunes en una audiencia judicial que “los nazis recibieron un mejor trato bajo la ley de Enemigos Extranjeros” que los inmigrantes venezolanos detenidos y expulsados por la Administración de Donald Trump, que invocó la misma ley, promulgada en 1798, a pesar del bloqueo de la justicia, que consideró que se había extralimitado en sus funciones.
La magistrada, que supervisa el recurso del Departamento de Justicia contra la orden emitida por el juez James Boasberg, aseguró en sede judicial que, durante la Segunda Guerra Mundial, los presuntos nazis fueron llevados delante de un juez y se siguió en su procesamiento el protocolo establecido. Sin embargo, los venezolanos deportados a El Salvador y encarcelados en la prisión de máxima seguridad CECOT, presuntamente integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua, no gozaron de esos derechos.

Policías salvadoreños escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua deportados por EE.UU. para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. (Reuters)
Patricia Millet, jueza del tribunal de apelaciones de DC
“No se les avisó. No se les dijo a dónde iban. Se les subió a esos aviones y no tuvieron oportunidad de presentar habeas corpus”
“Los funcionarios no siguieron ninguna regulación. No se les avisó. No se les dijo a dónde iban. Se les subió a esos aviones y no tuvieron ninguna oportunidad de presentar habeas corpus (el derecho que obliga que todo detenido pueda ser llevada ante un juez) o cualquier tipo de acción para impugnar la expulsión en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros”, dijo la jueza Millet. “¿Qué hay de factualmente erróneo en lo que he dicho?”.
La analogía con los nazis, que ha sido criticada por el fiscal general adjunto Drew Ensign, es pertinente porque esta ancestral ley fue promulgada para arrestar a “enemigos extranjeros” en contextos de guerra, especialmente espías o saboteadores. Tan solo había sido invocada hasta ahora durante la guerra con Reino Unido en 1812 y las dos guerras mundiales. La Casa Blanca se acogió a un fragmento del texto que hace referencia al uso de la ley para la deportación sumaria, sin el debido proceso, de personas de países con los que EE.UU. está en guerra, que han invadido el país o que han participado en “incursiones depredadoras”.
Como la Administración Trump designó al Tren de Aragua una organización terrorista transnacional, alega que ha aplicado correctamente la ley. Por eso decidió desobedecer la orden el juez Boasberg, que bloqueó su uso y ordenó el retorno de los expulsados, y se ha mostrado decidida a insistir en sus ataques a la justicia. Desde entonces, en sede judicial, la Casa Blanca se ha negado a dar detalles sobre la hora exacta en la que despegaron los aviones, una información crucial para determinar si se desobedeció la orden.
Tras presentar el recurso, en la audiencia del lunes en el tribunal de apelaciones, el Departamento de Justicia invocó el “privilegio de secretos de Estado” para mantener en secreto ese y otros datos que le requirió la justicia. “Creo que la intrusión en los poderes de guerra y de política exterior del presidente no tiene precedentes”, argumentó Ensign, en referencia a la orden del juez inferior.
“Bueno, esta es una acción sin precedentes también”, respondió Millet, “porque ningún presidente ha utilizado nunca esta ley de esta manera”. La magistrada emitirá su fallo en los próximos días; si rechaza el recurso de la Casa Blanca, la Administración Trump podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, donde goza de una mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por él en su primer mandato. Sin embargo, el presidente John Roberts, uno de los seis conservadores, emitió la semana pasada un inusual comunicado cargando contra la petición de Trump de destituir al juez Boasberg, al que acusa de ser un “activista” por haber bloqueado su ilegal medida.