La ofensiva contra los jueces después de la reciente condena a Marine Le Pen por malversar fondos del Parlamento Europeo provoca inquietud en un sector de la sociedad francesa, que ayer fue llamada a manifestarse en al menos cuarenta ciudades. Bajo el lema “Amenazar el Estado de derecho es amenazar la democracia”, decenas de oenegés y sindicatos, con el apoyo de los partidos de izquierda, convocaron actos para rechazar la actitud de la extrema derecha y de otros políticos de la derecha y del entro, incluido el primer ministro, François Bayrou, que cuestionaron las leyes vigentes y la decisión del Tribunal Correccional de París.
La afluencia a las manifestaciones fue débil, aunque simbólica sobre el estado de ánimo y la división política en el país. Es probable que ese malestar vuelva a aflorar con más fuerza en la gran cita anual en la calle de la izquierda y los sindicatos con motivo de la fiesta del Primero de Mayo.
Entre los organizadores de ayer se encontraba el Sindicato de la Magistratura, fundado en 1968 para velar por la independencia de la justicia y la defensa de las libertades, pero al que la derecha y la extrema derecha reprochan un marcado sesgo izquierdista.
En el texto de la convocatoria se recordaba que el tribunal que sentenció a Le Pen y a otros líderes de su partido, el Reagrupamiento Nacional (RN) el pasado 31 de marzo no hizo sino aplicar la ley, lo cual no impidió que “el RN escogiera denunciar la decisión de la justicia en términos tan abusivos como chocantes”, “acreditando la idea de un complot de los jueces” y “obteniendo los apoyos entusiastas de figuras mundiales de la extrema derecha como Trump, Musk, Bolsonaro, Putin, Orban o Salvini”. “Aún más preocupante”, según los convocantes, fue que las críticas a la decisión judicial “fueran secundadas ampliamente por cargos públicos y responsables de otros partidos, incluido el primer ministro, y por un gran número de medios poco interesados por la realidad de los hechos”, lo que desembocó en amenazas contra los magistrados.
De los 25 condenados en el caso del RN y sus asistentes parlamentarios ficticios, 13 han presentado recurso de apelación, entre ellos la propia Le Pen y el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, así como todos los exeurodiputados y responsables de las cuentas del partido. En RN como tal, condenado a pagar 2 millones de euros, también ha recurrido. Los condenados de segundo rango a penas mucho menores han preferido de momento no contestarlas. Al reducirse el número de implicados, se supone que el juicio de apelación irá más rápido y podrá concluirse en verano del 2026. La parte de la condena de más impacto para Le Pen, además de los dos años de cárcel a cumplir en su casa con brazalete electrónico, es la inelegibilidad durante cinco años, lo que le impediría volver a ser candidata al Elíseo en el 2027.