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Un senador demócratase reúne en El Salvador con el deportado por error por Trump y secuestrado por Bukele

Estado s Unidos

Kilmar Ábrego García sigue detenido en la prisión del Cecot a pesar de la orden del Tribunal Supremo que obliga a la Casa Blanca a “facilitar” su retorno

El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen junto al salvadoreño Kilmar Ábrego García

El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen junto al salvadoreño Kilmar Ábrego García

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El senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen viajó el jueves a El Salvador para reunirse con Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado indebidamente por la Administración de Donald Trump hace un mes. A pesar de tener estatus legal en Estados Unidos, una orden judicial que prohíbe expresamente su expulsión al país centroamericano, y un fallo del Tribunal Supremo que ordena a la Casa Blanca a “facilitar” su retorno, Ábrego sigue secuestrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión inaugurada en el 2023 por el presidente Nayib Bukele, quien se niega a devolverlo a EE.UU. por considerarlo un “terrorista”.

La imagen de Van Hollen sentado en un hotel junto a Ábrego García es la primera que se ha hecho pública desde que el deportado llegó a El Salvador hace un mes. El Gobierno de El Salvador permitió salir al preso del Cecot para esta reunión, y Bukele colgó en sus redes sociales otra imagen del encuentro para justificar que Ábrego García está a salvo en su prisión, a pesar de que enfrenta acusaciones de malos tratos a los confinados, que en muchas ocasiones, como en esta, no han sido encarcelados bajo el debido proceso judicial.

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“Nuestro propósito hoy era muy sencillo. Simplemente era poder ir a ver si Kilmar Abrego García se encuentra bien. Quiero decir, nadie ha sabido nada de su estado desde que fue secuestrado ilegalmente en Estados Unidos. Está totalmente fuera de nuestro alcance”, dijo Van Hollen sobre el objetivo de su visita. El Salvador le denegó, sin embargo, el ingreso al Cecot para verificar el estado de su detención, por lo que finalmente se reunieron en un hotel. La Casa Blanca calificó su viaje como “repugnante” y afirmó que la cita demostraba que los demócratas apoyan a “un terrorista inmigrante ilegal del MS-13”, mientras que el presidente Trump apoya a los estadounidenses respetuosos de la ley.

La Administración Trump, que reconoció en los tribunales que había deportado a Ábrego García por un “error administrativo”, ha cambiado su versión para justificar su desafío a la justicia al no retornarlo a pesar de la orden del Supremo. Ahora alega que es un peligroso delincuente de la banda criminal salvadoreña MS-13 y que la cárcel de máxima seguridad Cecot es “el sitio al que pertenece”. Pero Ábrego García no tiene antecedentes criminales, ni hay ninguna evidencia de que sea un pandillero; de hecho, emigró a EE.UU. de manera irregular cuando tenía 16 años, en el 2012, precisamente huyendo de las bandas criminales, que estaban extorsionando a su familia.

Ante el escándalo nacional que implica su deportación indebida, así como el enésimo desafío al poder judicial, la Casa Blanca publicó el miércoles una serie de documentos que considera evidencia suficiente de que es un criminal. En realidad, uno de los archivos difundidos por el Departamento de Justicia es un expediente policial del 2019 en el que unos agentes determinaron que Ábrego García era miembro del MS-13 por la ropa que llevaba puesta.

La Casa Blanca reconoció que había deportado a Ábrego García por un “error administrativo”, pero ahora lo criminaliza

“Llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha con rollos de dinero que cubrían los ojos, las orejas y la boca de los presidentes en las distintas denominaciones. Los agentes saben que esa vestimenta es indicativa de la cultura de las bandas hispanas”, se lee en el documento policial.

Tras su detención, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ese mismo año un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí su vida corría peligro. La Casa Blanca obvió deliberadamente ese dato cuando lo expulsó el pasado 16 de marzo junto con otros 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, en aviones militares hacia El Salvador.

El Gobierno invocó para esas deportaciones la Ley de Enemigos Extranjeros, una oscura y ancestral ley del siglo XVIII que hasta el momento solo había sido usada en tiempos de guerra. Aunque varias órdenes judiciales han bloqueado el uso de esa ley para las deportaciones, el Gobierno ha seguido aplicándola. Hasta que el Tribunal Supremo permitió la semana pasada que se sigan dando al considerar que una de estas demandas fue presentada en el tribunal incorrecto. Sin embargo, reconoció que el Gobierno los había expulsado sin el debido proceso y ordenó que en las futuras deportaciones tengan oportunidad de presentar su caso ante un juez.

El caso de Ábrego García se ha convertido en un símbolo del abuso inconstitucional del poder por parte de la Administración Trump. La Casa Blanca no ha presentado todavía evidencia de que los más de 200 deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros pertenezcan a las bandas criminales del Tren de Aragua y el MS-13, organizaciones a las que designó como terroristas. El juez federal James Boasberg, el mismo que bloqueó inicialmente el uso de esa ley, anunció el miércoles que iniciará una investigación por desacato a la Casa Blanca por haber desobedecido sus órdenes judiciales.

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