El Cecopi, el órgano de Emergencias de la Generalitat Valenciana que se convocó a las 17 horas del día de la dana, no abordó en ningún momento la situación del barranco del Poyo, que es el cauce que se desbordó provocando el mayor número de muertos. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, reconoció ayer ante la jueza que instruye el caso que fue a las 19.05 horas cuando al hablar con la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, esta le alertó de que la inundación estaba provocando muertos en esta población por el desborde del barranco.
Dijo que el aumento de caudal en esta rambla se transmitió por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, a las 18.43 y que en ese momento no estaban conectados al Cecopi, pero la situación, a tenor de sus palabras, la conoció por la edil. Posteriormente, tras hablar con la alcaldesa, Bernabé informó a Salomé Pradas que le respondió que “también pasaba en otros municipios”, según afirmó. Fuentes de la Generalitat Valenciana señalaron ayer que es “falso” lo dicho por Bernabé: “La conversación está grabada y la publicó la SER. Cuando Pradas afirma lo de que “pasa en más sitios”, se está refiriendo a que había más municipios sin comunicaciones, ya que se estaba hablando de cómo llega el mensaje Es Alert a la población”.
En su argumentario, Bernabé defendió también que los caudales y la pluviometría se envían por distintos canales y los recibe el órgano de Emergencias por correo electrónico, “que tiene técnicos formados para interpretar los datos”. También reconoció que se enteró del desbordamiento del río Magro por los medios de comunicación.
Es importante este hecho, porque es clave en la investigación que instruye la jueza de Catarroja. La representante del Gobierno, que declaró como testigo durante siete horas, reconoció que durante el momento que estuvieron conectados en el Cecopi se habló siempre de la presa de Forata –donde se centró toda la atención por su posible ruptura– y no del barranco del Poyo. Tras su declaración, ante los periodistas, dijo que “la obligación de vigilar los cauces era de la Generalitat Valenciana según el plan de inundaciones una vez decretada a las 12.00 horas la alerta hidrológica”. Una alerta, dijo a la jueza, que nunca se desactivó. Señaló a los medios que “si se hubiera convocado el Cecopi con la alerta roja las cosas habrían sido distintas”.
No es esta la versión de la Generalitat Valenciana, que ha defendido siempre que la CHJ no ofreció hasta muy tarde información de la situación del Poyo. Y que Miguel Polo, presidente de la Confederación y presente en el Cecopi, no trasladó verbalmente lo que estaba sucediendo en la rambla. Tras conocer el contenido de esta declaración, el presidente valenciano, Carlos Mazón, señaló en X: “Lo llevan negando seis meses”.
Bernabé informó que pidió, siempre pensando en Forata, que la alerta se lanzara a toda la provincia. La delegada del Gobierno sostuvo que el envío del mensaje se propuso en el Cecopi alrededor de las “19.05 o 19.10 horas, la hora precisa no puedo dársela”. Eso se produjo después del primer corte en la videoconferencia del Cecopi que impedía a los que estaban en remoto asistir a lo que se debatía, y que la Generalitat también ha admitido en sus escritos a la magistrada. El ES-Alert se emitió finalmente a las 20.11 horas, un retraso debido a la elaboración “técnica” de la alerta. Pero se lanzó pensando en la presa de Forata, según también reconoció.
Bernabé declaró que a las 12.23 horas de ese día llamó por teléfono a Pradas, para ofrecerle la activación de la UME. La responsable del Ejecutivo español recordó que a esa hora ya había una persona desaparecida en L’Alcudia y que la situación era muy complicada en Utiel y Requena. La exconsellera le pidió la UME a las 14.54 horas del día 29, pero la petición fue errónea y se volvió a demandar correctamente a las 15.41 horas.
Ante los argumentos de Pradas para inculparla, subrayó que el “mando único” estaba en poder de la Generalitat Valenciana y de la exconsellera, como así sostienen también la instructora y el ministerio fiscal. El pasado viernes, tanto Pradas como el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, alegaron que la dirección del plan de Emergencias estaba “colegiado” entre el Gobierno y al Generalitat. Bernabé narró también que el president Carlos Mazón le llamó por teléfono, pero desde un número desconocido porque el suyo le estaba dando problema