España espera desde hace 26 años la elaboración de un inventario con los suelos declarados como contaminados por materiales radiactivos. Los retrasos se han debido a los titubeos y a los cambios de planes oficiales sobre qué órgano estatal debía abordar esta cuestión. Actualmente, hay media docena de emplazamientos con suelos contaminados por radiactividad a causa de actividades industriales o incidentes ocurridos en el pasado, pero falta una declaración formal y determinar cómo se debe actuar en estos casos.
El inventario de suelos contaminados radiológicamente debería ser un catálogo donde se establecieran las coordinadas exactas del emplazamiento afectado, las limitaciones de sus usos y las condiciones en que debería hacerse el seguimiento y la vigilancia. Sería a la vez un instrumento clave para que el registro de la propiedad recoja las restricciones de actividades que suponen estos suelos.
El Ministerio para la Transición Ecológica informó que el Gobierno ya ha lanzado una consulta pública previa para elaborar un real decreto que servirá para aprobar el reglamento sobre suelos contaminados radiológicamente. Sin embargo, los vaivenes administrativos explican un retraso de cinco lustros.
Responsabilidad del Consejo de Seguridad Nuclear hasta 2022
La obligación de disponer de este inventario había sido una responsabilidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Era una obligación recogida en el Reglamento de Actividades Nucleares y Radiactivas de 1999. Ahí se establecía que debía elaborar un inventario de los terrenos o recursos hidrológicos que se hubieran visto afectados por contaminación radiológica –en base a la información que hubiera recabada– e informar de ello a las autoridades a los efectos oportunos.
“En 2010 se creó un grupo de trabajo dentro del CSN para hacer le regulación sobre los suelos contaminados, pero al final no se hizo”, se lamenta Cristina Rois, técnica de Ecologistas en Acción. El Movimiento Ibérico Antinuclear habla de “abandono durante décadas de zonas contaminadas radiactivamente” por parte de las administraciones y las acusa de “indiferencia política y dejadez en el cumplimiento de la protección de la salud”.
Los emplazamientos afectados
Entre esos emplazamientos afectados destacan los suelos afectados por el accidente de Palomares (Almería), las banquetas del Jarama (debido a un vertido de la Junta de Աí Nuclear en 1970), las balsas de fosfoyesos en las marismas de Mendaña (Huelva) o los lodos de fosfatos de El Hondón Cartagena).
También presentan este problema Vandellós 1 o las plantas de extracción del uranio que quedaron cerradas en Salamanca y en Badajoz, que, a diferencia de las anteriores, sí correspondía a instalaciones nucleares o radiactivas autorizadas.
Cambios normativos previos
¿Por qué no se ha hecho ya el inventario? Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que se están “realizando diversas modificaciones legales que permitan disponer de dicho inventario”.
En este sentido, apuntaron que ha sido necesario (en 2022) modificar previamente la ley de Աí Nuclear (para aclarar el mandato y las responsabilidades). Además, en diciembre del 2024 se aprobó un nuevo reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, en el cual se encarga la tarea “de elaborar y mantener actualizado” ese inventario a la dirección general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio.
Nieves Sánchez, presidenta de Asociación de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, recalca que “no solo se requiere definir las coordenadas de esos terrenos o cuáles son esos contaminantes, sino que hay que establecer también en cada caso una exigencia de un control, un registro catastral y una limitación de usos. Y este es el punto clave”.
Todo el cambio legal establece que será el Ministerio el que (previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear) “podrá declarar un suelo o terreno como contaminado radiológicamente” o con restricciones de uso.
El reglamento en preparación
Por su parte, el reglamento (en fase de consultas) deberá fijar los criterios y procedimiento para la declaración de suelos contaminados y aclarar las medidas que se deberán adoptar “para la reducción de la exposición de la población a las radiaciones ionizantes que tengan como origen esos suelos”. Y también tendrá que determinar los responsables de la descontaminación o restauración de los suelos, según está indicado en la consulta pública previa. Asimismo, debe concretarse en qué términos se hará constar en el registro de la propiedad la existencia de ese suelo contaminado.
Retrasos injustificables según los ecologistas
Cristina Rois se muestra muy crítica con los zigzageantes movimientos de la Administración y sus largos procedimientos de tramitación, y achaca los retrasos a una falta de voluntad política y al intento de rehuir los costes por parte de Estado. “Unos por otros la casa sin barrer. Y ante una situación de riesgo para las poblaciones y el medio ambiente, se debería actuar con la máxima diligencia posible”, dice.
La portavoz de Ecologistas en Acción reclama que el Consejo de Seguridad Nuclear “actúe de oficio” cuando tenga conocimiento de la existencia de un suelo contaminado (para dar respuesta a los casos en que el causante de la contaminación es ilocalizable o no actúa). Y que se establezca la obligación de que debe comunicarlo al Ministerio con un informe de la situación. Así lo ha propuesto en la fase de consultas para la elaboración del reglamento.
También reclama que se determine un plazo máximo para las operaciones de remediación o rehabilitación de los suelos para evitar las dilaciones sine die; que se informe permanentemente a la población y que se aplique el principio de quien contamina paga. Hay amplio consenso en que el titular de un terreno contaminado debe quedar obligado a hacer pública esa situación para que no rehúya su responsabilidad.
Palomares, en la lista
Entre los casos pendientes de dar una solución están las 40 hectáreas contaminadas en Palomares. Tras el accidente de 1966 (protagonizado por un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 del ejército de Estados Unidos, que colisionaron durante una operación de repostaje en vuelo) cayeron cuatro bombas termonucleares: dos de ellas fueron recuperadas, pero otras dos dispersaron su carga de plutonio y contaminaron la zona, aunque no llegaron a explosionar.
Se estima que aún quedan unos 50.000 m3 de tierras contaminadas distribuidas por diversas parcelas de Palomares.
Los controles
Al ser preguntados sobre los niveles de radiactividad en Palomares, fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indican que “los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona afectada son adecuados y eficientes” y que sus resultados están publicados en la web.
Además, existe un programa de vigilancia radiológica y de seguimiento médico de los habitantes de la localidad, y “hasta fecha estos programas no han encontrado ninguna contaminación radiológica en las personas”, añade el CSN. Esa vigilancia médica la lleva a cabo el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).
Pleito judicial para reclamar la limpieza de Palomares
El núcleo de Palomares continúa a la espera de que se ordene la limpieza y retirada de la tierra contaminada con americio y plutonio como consecuencia de la caída accidental en la pedanía situada entre Vera y Cuevas del Almanzora (Almería).
En este contexto, Ecologistas en Acción han emprendido distintos procedimientos judiciales para conseguir que se ordene al Gobierno la retirada y el almacenamiento “temporal” de los cúbicos de residuos. La última iniciativa fue una demanda en la Audiencia Nacional dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica.
El abogado de la entidad conservacionista, José Ignacio Domínguez, se ha propuesto como objetivo que los tribunales fijen un plazo concreto para llevar a efecto el plan de rehabilitación de la zona. El Gobierno ha venido sosteniendo que ese plan debe ejecutarlo la administración estadounidense.
El Movimiento Ibérico Antinuclear recuerda que hay capacidad técnica para recoger lastierras contaminadas y su aislamiento hasta que se encuentre una solución definitiva. Apunta en este sentido a una solución como la empleada para confinar el combustible gastado de una central nuclear, material altamente radiactivo, que se va a mantener al aire libre durante décadas dentro de contenedores capaces de aislarlo del medio, hasta su
traslado a un almacén geológico en profundidad.
Por otro lado, se han cumplido diez años del protocolo de intenciones firmado en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry para acometer la limpieza-
Los últimos resultados hechos públicos en el marco del plan de vigilancia radiológica de la población (PVRA) de Palomares, de 2021, indican que de los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio en un total de 112.
No obstante, en todos estos casos, los valores detectados “son inferiores a los niveles de referencia” que están fijados en el citado plan.Por otro lado, hace tres años, el Gobierno decidió expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que “no era aconsejable” una “nueva prórroga” de la ocupación temporal que se decretó en 2010. / A. C./ Europa Press