Crece casi un 30% las agresiones a policías y guardias civiles desde la pandemia
Seguridad
En el año 2024, los agentes de los diferentes cuerpos estatales, autonómicos y locales denunciaron 16.878 casos de atentados contra la autoridad
Un agente de la Policía Nacional al lado de un vehículo oficial
Las agresiones físicas y verbales sufridas por agentes de la Guardia Civil y la Policía, incluyendo también a los cuerpos autonómicos y locales, han aumentado casi un 30% en 2024 en comparación con las registradas antes de la pandemia de covid-19.
Según ha detallado el Gobierno en una respuesta parlamentaria de la oposición con datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 16.878 atentados contra la autoridad, entre los que se incluyen a todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno se remite a su estadística oficial sobre los delitos por agresiones de acuerdo a los artículos 550 a 554 del Código Penal. No obstante, aclara que no puede especificar a qué cuerpo u organismo de la Administración pertenece el agente o funcionario afectado.
De esta forma, el Ejecutivo remite al PP una tabla en la que desglosa la evolución de los atentados contra la autoridad desde 2019, cuando se registraron 13.127 casos. Los delitos han ido subiendo progresivamente año tras año, con 16.651 agresiones en 2022, 16.833 en 2023 y 16.878 en 2024, que ha marcado cifras máximas.
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De los 13.127 casos en 2019 se ha pasado a los 16.878 de 2024, un 28,5% más
El PP había registrado una batería de preguntas interesándose por las “agresiones tanto físicas como verbales” contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como que se desglosara la información por anualidades y provincias.
Las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido de forma recurrente al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que impulse reformas legales como el reconocimiento de profesión de riesgo, lo que entienden que facilitaría la implementación de mejoras en sus condiciones laborales y de seguridad.