Si España aprobó una ley de amnistía, ¿por qué no Andorra? Eso es lo que acaban de plantear los gestores de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA) a las fuerzas políticas, económicas, sociales y judiciales del país. Una ley que permita pasar página, esto es, archivar u olvidar las decenas de causas judiciales en las que se dirimen las kafkianas secuelas que conllevó la liquidación del banco, hace ahora diez años.
Entre los beneficiados estaría... Mariano Rajoy. En junio de 2022, la Batllia nº2 de Andorra admitió a trámite una querella del Institut de Drets Humans d’Andorra e imputó al ex presidente del gobierno español, a dos de sus ministros y a otros cuatro altos cargos del ministerio del Interior por las maniobras que presuntamente ejecutaron en aquel país en su lucha contra el independentismo; allí operaron para hallar cuentas bancarias de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras y, al no hallarlas (o menos de lo que esperaban), habrían actuado para liquidar el banco por no cooperar.
El 10 de marzo de 2015, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), el organismo creado por EE.UU. tras el 11-S para luchar contra la financiación del terrorismo y el crimen, emitió una nota en la que alertaba de prácticas de ese tipo en la BPA y en su filial española, Banco Madrid, y le prohibía operar en dólares; en la práctica, el cierre del banco. En Andorra, un terremoto. O un alud.
El audio clave
El consejero delegado del banco grabó a un mando de Interior cuando le amenazó con un “hachazo” si no cooperaba y le daba datos de Pujol, Mas y Junqueras
La nota americana se sustentaba en cuatro casos que se han diluido ostensiblemente con el tiempo: mafia o corrupción china, mexicana (se habló del cártel de Sinaloa), rusa y venezolana.
La clave que esgrime ahora BPA para plantear una amnistía está en cómo el FinCen recopiló información sobre los cuatro casos. Y esa clave enlaza con la amnistía de Pedro Sánchez.
BPA se considera víctima colateral de la lucha contra el independentismo, y apoya su petición en un dictamen de la Comisión de Venecia de 2024 que defiende que este tipo de conflicto se aborde con diálogo constructivo entre instituciones y formaciones políticas y de acuerdo con la población.
Una amnistía beneficiaría a unas 60 personas en Andorra, y eliminaría de sus juzgados una cuarentena de procedimientos. También permitiría al estado andorrano resarcirse de los monumentales gastos que le ha causado el asunto, con el decomiso de una parte del saldo existente de BPA, que en el momento de la intervención tenía un volumen de negocio de 9.795 millones de euros.
En estos diez años se ha focalizado el caso más en los gestores del banco que en sus clientes potencialmente peligrosos"
De entrada, el partido hoy mayoritario en el Consell General d’Andorra –el parlamento–, Demòcrates, se ha mostrado contrario, aunque hay un diálogo abierto.
Hay que viajar a 2014. El procés catalán está en marcha y el gobierno del PP en España quiere atajarlo, reducirlo o maniatarlo. El ministerio del Interior ha puesto en marcha para ello a la llamada “policía patriótica”.
El 3 de junio de 2014, el delegado del Ministerio del Interior en la embajada de Andorra, Celestino Barroso, visita en su despacho al consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel. Éste ha sido alertado de la visita por la presidencia del banco y decide grabar el encuentro. Barroso le comunica que el Banco de España va a cargarse a Banco Madrid, pero que eso podría cambiar si atienden algunas peticiones. Barroso dice desconocer los detalles y emplaza a Miquel a otra cita en Madrid, pero literalmente dice: “Hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez que el Banco de España le da el hachazo y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, está en su mano pararlo“. ”Hablar no cuesta nada“, añade, antes de sugerir que, si cooperan, la inspección ”no se puede llevar a efecto porque hay un antecedente de forma o lo que fuere y no ha lugar, me levanto de la mesa y me voy”.

El audio entre Barroso y Joan Pau Miquel
Tres días más tarde, Miquel acude al Hotel Villamagna de Madrid, donde le cita un tal Félix Rodríguez; en realidad es Marcelino Martín-Blas, comisario de policía e integrante de aquella brigada.
Martín-Blas empieza haciéndole notar a Miquel que sabe de su vida privada. Luego le amenaza: “Tienes problemas con el Banco Madrid, pero sobre todo tienes problemas con los americanos”. Y añade que en todo el asunto tiene la ayuda de “amigos policías de la Embajada de Estados Unidos”.
En una nota manuscrita, Martín-Blas dice que España tiene una guerra contra el nacionalismo catalán y que quiere información sobre cuentas de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol en Andorra. Le consta, añade, que tienen fondos en BPA. Miquel lo niega.
Quince días después, el 18 de junio de 2014, se repite el encuentro. Miquel insiste en que no tiene esa información y Martín-Blas amenaza con crearles “problemas” con el servicio antiblanqueo de capitales del ministerio de DzԴdzí (el Sepblac) y con el FinCen.
En cualquier caso, y de una manera nunca aclarada, la “policía patriótica” obtiene un “pantallazo” que supuestamente atestigua que la familia Pujol tiene en BPA unos fondos (que antes estaban en Andbank), y esa imagen aparece en el diario El Mundo el 7 de julio.

Marcelino Martín-Blas, a la derecha, hace pocos días en el Congreso de los Diputados, donde testificó en la comisión sobre la Operación Catalunya
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol confiesa que tiene dinero en Andorra desde hace décadas, pero que es una herencia de su padre.
No aparece nunca nada de Mas ni de Junqueras.
En un audio filtrado años después por el ex comisario José Manuel Villarejo, también integrante de la “policía patriótica”, se le oye decir: “Creíamos que la BPA nos ocultaba información sobre los Pujol; nos pusimos en contacto con nuestros colegas de Inteligencia americanos y con el FinCen y les enviamos informes plagados de mentiras; decíamos que la entidad facilitaba blanqueo de capitales a clientes venezolanos y rusos, los acojonamos, y actuaron”.
Ocho meses después, en marzo de 2015, el FinCen publica su nota y BPA desaparece.
¿Cumplió sus amenazas la policía española y sugirió o presionó a EEUU para que liquidase BPA por no ayudarles?
En agosto de 2014, el consulado de Estados Unidos en Barcelona ya había lanzado sospechas sobre el sistema financiero andorrano, y tras la nota del FinCen, el consejero económico de la embajada, Anton Smith, dijo: “Como Andorra no reaccionó con la fluidez que estábamos esperando al final hemos cogido el martillo...”.
A través de sus canales de transparencia, este diario pidió a las autoridades americanas acceso a las comunicaciones entre EEUU y España referidas al caso, pero fue denegado.
A un abogado americano de BPA, Eric Lewis, el FinCen le permitió acceder a 61 páginas de documentación, de un total de 1.399.
Apenas once meses después del “hachazo”, el 18 de febrero de 2016, el FinCen retiró la nota, sin profundizar en los motivos. BPA ya no existía.

Sede del Banco de Madrid en la Plaza Margaret Thatcher, poco después de la intervención
Sus bienes estaban bajo tutela del gobierno andorrano, que creó expresamente una nueva entidad, la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), para este tipo de conflictos; hasta entonces, Andorra los afrontaba con una ley de 1969.
“La nota del FinCen es ilegítima porque estuvo inducida por la policía española, querían información de los Pujol y la consiguieron”, valora el abogado Xavier Jordana, contratado por BPA para plantear la amnistía. “El problema es que en estos diez años se ha focalizado el caso más en los gestores del banco que en sus clientes potencialmente peligrosos”. El letrado ha trabajado el proyecto con catedráticos de las Universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y Sorbonne.
Cuando se liquidó la BPA, una agencia internacional de control bancario hizo un profundo análisis de sus 29.400 clientes; alrededor de un 2% quedaron bajo la lupa de autoridad bancaria andorrana, y eso ha generado una treintena de litigios. Los Cierco –propietarios de un 75% de las acciones– estiman que los daños patrimoniales sufridos son de 475 millones de euros.
Otras tres denuncias de los Cierco contra los gestores tras la liquidación, por administración desleal, han sido admitidas a trámite por la justicia andorrana, y una cuarta está presentada y pendiente, según fuentes cercanas a los demandantes.
Por todo ello, la amnistía o “solución legislativa” se plantea en parte para devolver al país una cierta agilidad judicial. “Básicamente pensamos que objetivamente se dan las condiciones para que se apruebe”, sostiene Jordana, “y debemos plantearlo con serenidad”.
Jordana fue uno de los fundadores de Demòcrates y ha sido juez y alcalde en Andorra.
Junto a Rajoy, de esta amnistía se beneficiarían sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz; quien en 2015 era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó; al exdirector adjunto operativo de ese cuerpo, Eugenio Pino; y el inspector Bonifacio Díez Sevillano.
Todos ellos están imputados en Andorra, aunque las comisiones rogatorias internacionales cursadas están encalladas en la Audiencia Provincial de Madrid. En otra maraña judicial.

El empresario chino Gao Ping está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional y de sentencia en Andorra
El frente judicial
Una inmensa maraña de litigios
Los cuatro casos que motivaron la nota del FinCen han tenido vidas judiciales dispares en Andorra. De la supuesta mafia rusa no hubo caso, y del cártel de Sinaloa nunca se supo, pero sí que están en instrucción las presuntas irregularidades de un cliente mexicano.
El juicio a la presunta mafia china de Gao Ping -el caso es anterior al procés, de 2012- tuvo unas 200 sesiones, que acabaron en octubre de 2023; la sentencia se preveía para octubre de 2024, pero fue pospuesta hasta el próximo julio.
El caso venezolano, de supuesto expolio de la compañía petrolera de aquel país con ayuda de BPA, está en instrucción.
En Madrid tampoco hubo acusación contra ningún cliente mexicano de BPA y fue absuelta la pata venezolana (lo mismo ocurrió en un procedimiento en Texas).
La china está pendiente de que la Audiencia Nacional convoque un macrojuicio con 102 acusados.
La rusa acabó con una conformidad del principal acusado, Andrei Petrov, de 19 meses de cárcel (ya los había cumplido) y una multa de 5’5 millones de euros, y con la absolución del empleado de BPA, Santiago Roselló, acusado de cooperar con él.
En el plano puramente bancario, hubo cuatro acciones con epicentro en Banco Madrid.
Primera, cuando el Banco de España lo intervino (expediente 203/2015) por presunto blanqueo de capitales, aunque después de un tortuoso procedimiento quedó en nada y la entidad madre estimó que la liquidación de Banco Madrid tuvo un carácter “fortuito”.
La segunda, el expediente sancionador 4004/2015 del Sepblac por ligereza de la entidad en el control de sus clientes, quedó sobreseido el 15 de julio de 2021.
La tercera fue una instrucción del juzgado 38 de Madrid por blanqueo de capitales (diligencias previas 1138/2016) archivadas el 2 de enero de 2019 y, tras un recurso de la fiscalía, archivadas por la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2019.
Y cuarta, pero a la contra, la que los accionistas de Banco Madrid lanzaron contra el de España, en un litigio por “acción indebida” al liquidarlo. Hay una reclamación millonaria que está pendiente de sentencia.
Hay aún otro caso: la querella que la famila Pujol interpuso por revelación de secretos contra quien hubiera explicado a la Policía Nacional que efectivamente tenían dinero en los Pirineos.