El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos ha remitido a la Audiencia Nacional el contrato a la expareja del exdirigente socialista Jessica Rodríguez por parte de empresas públicas. Así remitelas actuaciones relacionadas con esta contratación en dos empresas públicas “para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad” en la actuación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera en dichas contrataciones, y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada, asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen.
En su auto, el instructor Leopoldo Puente envía a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las entidades Ineco y Tragsatec en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo la propia Rodríguez ante el magistrado.
Según el instructor, existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos“.
Puente sostiene que el exministro habría contado con la ”relevante participación“” del también investigado en esta causa, su exasesor Koldo García Izaguirre. Además, recuerda que Rodríguez durante el período en el que estuvo contratada, no desplegó actividad laboral alguna.
Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y García con este motivo.
El instructor envía el asunto a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno lleva parte de la investigación de presuntas comisiones en contratos de mascarillas vinculadas al Ministerio de Transportes, en la parte que no afecta a Ábalos, quien al ser diputado cuenta con aforamiento.
Por otro lado, el magistrado ordena a la UCO que investigue si se han podido adjudicar otros contratos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, como este mismo ha reconocido en sede judicial.
Además, el instructor acuerda citar como testigos a Claudia Montes y a César Moreno. Respecto a la primera, a la vista del contenido de un informe emitido por la UCO señala que “habida cuenta de que la misma podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SME, vinculada al Ministerio de Transportes, por la influencia de Ábalos, formando aquella parte de su “círculo personal”.
En cuanto al segundo, César Moreno, se le cita en la medida en que puede aportar conocimiento sobre “las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales” de Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. El magistrado explica que, aunque es citado como testigo, deberá comparecer con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
Por último, rechaza porque no resultan “pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación” todas las diligencias solicitadas por la defensa de José Luis Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez.