El Gobierno de Extremadura se ha sumado hoy al de la Comunidad de Madrid y al de Aragón, todos ellos del PP, y ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno para el reparto “forzoso” de menores extranjeros no acompañados entre todas las comunidades autónoma y que fue convalidado por el Congreso el pasado 1 de abril.
En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, ha alegado que esta reforma de la Ley de Extranjería “invade competencias exclusivas” en materia de protección de menores y “vulnera principios” como los de autonomía y lealtad institucional.
Además, señala que “recurre de forma indebida” al Decreto Ley para afrontar una situación “que lejos de ser extraordinaria es estructural”.
Según Victoria Bazaga, este decreto afecta a derechos fundamentales como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional y además no garantiza la financiación necesaria para atender a estos menores trasladados.
En su opinión, se trata de una medida impuesta por el Gobierno central de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el estado autonómico.
El Constitucional acordó ayer admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el mismo decreto.
El Ejecutivo regional impugnó el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, porque, según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP supone un reparto “discrecional” acordado con Junts “con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa”.
El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por “invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional”, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Aduce también que es “contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones” porque el criterio de reparto “se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas”; y al principio de autonomía financiera, “ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados”.
También ayer el Gobierno de Aragón acordó la presentación de un recurso en el mismo sentido y que ya habíaanunciado el pasado marzo.Una decisión con la que “refrenda” que Aragón no va a colaborar en el cumplimiento del decreto que acuerda el reparto y redistribución de menores migrantes y sus actos administrativos derivados porque considera que “vulnera” competencias autonómicas y además “quiebra los principios de igualdad y solidaridad” entre comunidades autónomas.
En rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, incidió en que este decreto es “inconstitucional”, que recurrirán ante la justicia europea si es necesario y que la redistribución que plantea no responde al interés superior de los menores sino “al de Pedro Sánchez”.