La Administración es lenta, complicada, excesivamente burocrática y obsoleta en algunos casos. Estas son las principales conclusiones del informe del 2024 del Síndic de Greuges, presentado hoy en sociedad, que la institución ha elaborado a partir de las quejas que ha recibido de la ciudadanía. Respecto al 2023, la cifra ha aumentado, pasando de 10.276 a 11.214, y se acerca, aunque está algo por debajo, a las registradas en el 2020 y el 2021 (11.317 y 11.932), años en los que recibieron un número mayor. “La ineficacia de la Administración frena el progreso social de Catalunya”, sentenció la síndica, Esther Giménez-Salinas.
En primer lugar, tildó a la Administración de lenta, un calificativo que queda explícito, a su juicio, en el área en la que reciben más quejas (43%), políticas sociales (que incluye educación, vivienda, igualdad y no-discriminación, infancia y adolescencia, migraciones, sanidad, servicios sociales y relaciones laborales y pensiones). Desde el Síndic entienden que se tarda demasiado tiempo en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y ponen como ejemplo las listas de espera para acceder a algunos servicios y prestaciones que se han incrementado durante el 2024 y que suponen el 20% de las quejas y actuaciones de oficio.
Crecen los pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas en un 9%
Sin ir más lejos, en el ámbito de la sanidad, en octubre del 2024 y según el informe, había un 9% más de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, y un 18% más para acceder a pruebas diagnósticas o consultas externas.
Las listas de espera para acceder a las residencias para mayores y personas con discapacidad también han aumentado (un 7% y un 6,4%, respectivamente): el tiempo de espera para acceder a las residencias de personas mayores es de 1,2 años y para los servicios residenciales para personas con discapacidad, de seis años.
Es como una gincana burocrática"
En vivienda, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es de casi año y medio. Y en ayudas para la dependencia, pese a haber mejorado, el tiempo de espera es todavía de nueve meses.
En segundo lugar, la síndica calificó a la Administración de complicada y excesivamente burocrática, lo que la lleva a ser ineficaz. “Es como una gincana burocrática”, subrayó. La gran cantidad de trámites –defendió- que se exigen para conseguir un servicio está pensada para tener el máximo control e inhibir a los incumplidores. Sin embargo, acaban comportando que los ciudadanos, por ejemplo, tengan que entregar la misma documentación en distintas administraciones porque la interoperabilidad –pese a que está reconocida en las normas jurídicas– no está plenamente garantizada.
Es necesario que la Administración sea más eficaz, empática y amable"
Asimismo, denunció que los formularios de obligatorio uso en la tramitación de determinadas solicitudes están pensados en especial para facilitar más la gestión interna de los procesos que para simplificar la vida y el ejercicio de los derechos de las personas.
En este sentido, esgrimió que el uso de un lenguaje que no sea suficientemente claro –“ciertas informaciones que me llegan de la Administración ni yo las entiendo”, arguyó- o el hecho de no dar suficiente información a la población también tiene afectaciones en la eficacia de una política pública. “Es necesario que la Administración sea más eficaz, empática y amable. Le cuesta muchísimo ser más humana y atenta", afirmó.
Hay personas que desconocen que recibir una ayuda puede ser incompatible para acceder a una segunda”
Por otra parte, esgrimió que la Administración no actúa con la máxima eficacia al segmentar su intervención para tratar situaciones de vulnerabilidad que a menudo son complejas y requieren ser tratadas desde varios frentes. Desde este punto de vista, resultaría imprescindible –apuntó- integrar la gestión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) -principal motivo de queja en el apartado de servicios sociales- y el ingreso mínimo vital, haciéndolas compatibles con otras ayudas, como las de la vivienda. “Una solución quizás sería implantar una ventanilla única. Hay personas que desconocen que recibir una ayuda puede ser incompatible para acceder a una segunda”, puntualizó.
También tildó a la Administración de obsoleta al utilizar recursos que a menudo no son los más adecuados para conseguir los objetivos que persigue. Un ejemplo de ello es el sistema de protección de la infancia, que presenta todavía una preponderancia de la institucionalización de los niños y adolescentes. El acogimiento residencial es especialmente perjudicial para niños menores de seis años. Sin embargo, con datos de septiembre del 2024 ha aumentado el número de niños menores de seis años que están en acogimiento residencial (entonces había 136 menores de tres años y 293 menores de seis en estos recursos).
La gente mayor, que cuenta todavía con cierta autonomía, quiere envejecer en sus domicilios”
El modelo de atención a las personas mayores -“que es el colectivo que menos se queja”, subrayó la síndica- tampoco responde a las tendencias europeas. Mientras que los datos señalan que la gente mayor prefiere vivir en casa o en una vivienda accesible en caso de dependencia, aquí se ha apostado por aumentar las plazas residenciales (2,6%), cuando lo que debería potenciarse es una atención domiciliaria integral, y disponer de una red de servicios de apoyo y ayuda coordinados e interconectados. “La gente mayor, que cuenta todavía con cierta autonomía, quiere envejecer en sus domicilios”, precisó.
La Administración tampoco ha dado una respuesta eficaz –denunció la síndica- al problema cronificado de Rodalies, que es el servicio de transporte público con peor valoración, claramente por detrás de otros servicios ferroviarios. Las graves incidencias sufridas en el 2024 –por la infraestructura, los trenes o la información que se ofrece– han frenado la tendencia creciente de pasajeros de años anteriores, a pesar de haberse mantenido las medidas de accesibilidad económica. Durante el 2024, Rodalies de Catalunya tuvo 127,4 millones de viajeros, cifra muy similar a la del 2023, mientras que otros servicios ferroviarios, como FGC o el metro, han experimentado crecimientos superiores al 5%.
El caos de Rodalies
Recordó que son datos del 2024 y que, obviamente, no recogen las recientes incidencias de la red ferroviaria. En este sentido, explicó que en todo el 2024 recabaron 160 quejas sobre Rodalies, una cifra que asciende a 397 (más del doble) en los dos meses y medio que llevamos del 2025.
Sobre esta cuestión, puso el acento en la información. “Los usuarios se sienten maltratados. Entienden que pueden ocurrir cosas, pero se quejan y con razón por la falta de información y atención”. De ahí que pidiera una mejora en este apartado y más inversión en la infraestructura.
Los ciudadanos se siente maltratados"
La síndica también acusó a la Administración de estar a veces ausente, en el sentido de que, a lo largo de los años, no se ha creado una política pública lo suficientemente robusta para responder a las necesidades de las personas o no llega a todas las personas que lo necesitan. Sería el caso, por ejemplo, de la vivienda social: 39.942 viviendas sociales y 97.544 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial. También de la RGC o el ingreso mínimo vital: más de la mitad de la población en situación de pobreza material severa no recibe ninguna de estas ayudas.
En este sentido, tampoco existe un modelo-recalcó la síndica- de acogida e inclusión del hecho migratorio, no se garantiza la equidad y la cohesión social, y la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social.
Mala gestión de los recursos públicos
El informe también muestra casos en los que la Administración no ha realizado una buena gestión de los recursos públicos, como en los problemas derivados de las reclamaciones de los ingresos indebidos del RGC. Y es que más de 2.300 personas recibieron erróneamente ingresos y después se les reclamó que lo devolvieran. Esto supuso un sufrimiento sobrevenido de muchas personas que veían amenazada su ya precaria economía familiar, pero también un uso indebido de recursos públicos.
El informe -que la síndica entregó este lunes al president del Parlament, Josep Rull- también destaca que existe un consenso global sobre la infrafinanciación que sufre el sistema educativo, pese a que se ha incrementado un 70% el presupuesto ejecutado desde el año 2014. La financiación es lineal, sin discriminar los sistemas con elevada complejidad.