Dos sentencias judiciales recientes, que han paralizado por el momento la prestación de la eutanasia a dos personas que cumplen con los preceptos de la ley –de ahí que recibieran en su día el visto bueno médico para poder beneficiarse de esta práctica- han puesto de nuevo sobre la mesa este fenómeno.
Desde la aprobación en junio del 2021 de la LORE (ley orgánica reguladora de la eutanasia), el número de peticiones ha aumentado año tras año. Según se puede ver en los gráficos que acompañan a estas líneas, en España las solicitudes han pasado de las 173 del 2021 (la cifra recoge solo seis meses ya que la ley fue aprobada a finales de junio de ese año) a las 766 del 2023, último año del que hay datos oficiales.
Amo y me siento amado”
Los contrarios a la eutanasia esgrimen, entre otras cosas, que si hubiera una mejor política de cuidados paliativos, menos personas solicitarían la prestación de ayuda para morir. Los favorables, por su parte, defienden que no tiene ningún sentido contraponer los paliativos con la eutanasia: son dos prácticas complementarias, aseveran.
A Xavi Argemí le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne –una enfermedad neuromuscular que no tiene curación- a los tres años. Hoy, con 29, tiene prácticamente el 100% de su cuerpo paralizado. “Solo puedo mover la punta de los dedos de las manos, hablar y mirar”, explica a bet365. Está conectado a una máquina de respiración asistida las 24 horas del día y se alimenta a través de una sonda yeyunal.
A pesar de su situación, explica que nunca ha considerado la eutanasia como una solución para él, y es que asegura que su vida tiene sentido. “Amo y me siento amado”, subraya.
Dice que ha seguido desde el principio el debate sobre la muerte asistida y que las garantías de la ley que la ampara se han ido diluyendo, a su juicio, a medida que se han ampliado los supuestos. “Creo que el problema está en el cambio de mentalidad que estas leyes generan en la sociedad: quien no pide la eutanasia es insolidario; hay vidas que no vale la pena vivir; para los políticos es mucho más económica una ley de eutanasia que una de paliativos; la familia se ve aliviada… etcétera. Aquí el actor más vulnerable, que somos los enfermos, se ve abandonado”, arguye.
Lamenta que “la cultura de la muerte” se ha instalado en los medios. ¿La razón? “Las organizaciones por una muerte digna han estado muy activas desde hace muchos años y siguen estándolo”. Y porque en general –agrega- se asienta la idea “de que tirar la toalla es lo más fácil”.
Se muestra convencido de que enfermos que acaban optando por la eutanasia apostarían por seguir viviendo si estuvieran mejor atendidos y dispusieran de unos buenos cuidados paliativos. “Hay estudios que demuestran que el deseo de morir está relacionado con la pérdida de sentido de la vida y a no sentirse querido”, esgrime.
Como sociedad, hemos perdido la capacidad de dar sentido al sufrimiento, de cuidar al débil”
Afirma que él vive con dolor y dependencia, pero a la vez cuenta con una familia que le ama, un entorno que le acompaña y profesionales que le ayudan a vivir con dignidad. “Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Y cuando esto falla, el mensaje social es peligroso: que la vida de ciertos enfermos ya no es digna de ser vivida. Este mensaje duele. Hace que muchos se sientan un peso, un estorbo. Y que piensen que querer seguir viviendo es un acto egoísta. Como sociedad, hemos perdido la capacidad de dar sentido al sufrimiento, de cuidar al débil, de amar en la fragilidad.”, sostiene.
Cristina Vallès, presidenta en Catalunya de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), defiende que no se pueden contraponer los paliativos con la eutanasia. “Hay personas a las que los paliativos no les alivian, y hay otras que sí y que deciden continuar adelante con su vida. Todas las posturas son legítimas”.
Hay personas a las que los paliativos no les alivian”
Asimismo, señala que son prácticas complementarias. “Muchos pacientes que reciben cuidados paliativos acaban pidiendo también la muerte asistida. Esto ocurre en España y en todos los países donde la ley de la eutanasia está vigente. La mayoría de enfermos que mueren a través de esta práctica en los Países Bajos, por ejemplo, son personas que estaban en paliativos”.
Antes –continúa- “sólo había una opción, que consistía en seguir tu vida hasta que aparecía la muerte de manera natural. A partir del año 2021, cuando se aprobó la ley, hay una segunda, que es pedir la eutanasia”.

Xavi asegura que, pese a su situación de salud, su vida tiene sentido
Admite que hay comunidades (que tienen las competencias en sanidad) que han hecho un esfuerzo económico para aplicar los cuidados paliativos -“en Catalunya, por ejemplo, los hay y son muy correctos. Llegan en general a todos los sitios y personas”, apunta-, mientras que puede haber alguna que tenga dificultades para hacer llegar estos cuidados a todo el mundo. “Pero eso no es un problema de la ley de la eutanasia, es de la comunidad en cuestión”.
Preguntado por los dos casos recientes de eutanasia paralizados judicialmente por la intervención de sendos familiares, Argemí no entra en detalles y reitera que ve “imprescindible, en todos los casos, que haya una propuesta desde la cultura de los cuidados, de los paliativos y del cariño humano más básico”, y añade sobre los enfermos que optan por la muerte asistida que nunca juzga las decisiones de otras personas.
“La dignidad no consiste en poder decidir cuándo morir. Consiste en tener motivos para querer vivir”, concluye.

Francesc Augé, este pasado viernes en Vallirana, pueblo donde reside
La justicia no respeta mi opinión. Me encuentro muy mal y no quiero vivir”
A diferencia de Xavi Argemí, Francesc Augé (55) sí quiere ejercer su derecho a una muerte asistida para poner fin, dice, a su sufrimiento. Suma dos infartos y cuatro ictus, que le han dejado secuelas y un fuerte malestar psicológico. De hecho, su eutanasia estaba programada para mediados del mes de septiembre del 2024 –recibió el visto bueno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC)-, pero una demanda de su padre, de 94 años, la paralizó. En primera instancia, la justicia le dio la razón a Francesc. No obstante, su progenitor recurrió, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), recientemente, ha fallado a su favor.
“No se respeta mi opinión. En particular, la justicia. ¿Quién son ellos para pararla?”, relata Francesc a este diario. “Hay una ley que me ampara. Me encuentro muy mal, no quiero esto para mí”, añade.
Hay una ley que me ampara”
Afirma que cuando supo que su eutanasia quedaba paralizada, le entraron ganas de suicidarse, y que es su pasión por la música lo que le mantiene algo tranquilo. También la gente que le respeta, como su abogada, que asegura que le está ayudando mucho.
A Cristina Vallès, presidenta en Catalunya de la asociación DMD, no le parece “correcto” que se haya paralizado su proceso. “Entendemos que legalmente existe esta brecha en la ley dado que el posicionamiento de la CGAC es una resolución administrativa y, por tanto, se puede recurrir. Pero no nos parece ético”. Recuerda que la normativa prevé que se pueda interponer un recurso cuando la resolución es negativa, es decir, desfavorable a la eutanasia, “pero no cuando es positiva, que conduce, según la ley, a la aplicación de la prestación”.
Tengo buena relación con mi padre. Respeto su postura, aunque él no respeta la mía”
Fueron los amigos de Augé los que acudieron a su padre para que este presentara frente a los tribunales la demanda y así poder detener el proceso. A pesar de ello, Francesc sigue manteniendo una buena relación con su progenitor. “Continúa siendo buena. Respeto su postura, aunque él no respeta la mía. Yo no quiero seguir viviendo”. En su caso, dice, no le sirven los cuidados paliativos. “Mi dolor es psíquico. El físico sí me lo quitan las pastillas, el psicológico no”.
Montse Bel, su abogada, podría presentar un recurso de casación frente al fallo del TSJC. Está todavía dentro del plazo para hacerlo. No obstante, y según explica a bet365, se inclina por no hacerlo. “No lo haré para no alargar la situación. No quiero centrarme en si el padre de Francesc está legitimado o no a intentar frenar el proceso, quiero entrar en el fondo de la cuestión”. Desconoce, sin embargo, si la CGAC lo presentará.

Francesc ya tenía programada su eutanasia, pero su padre presentó un recurso y el proceso está paralizado
De presentarse dicho recurso, se discutiría la legitimación del padre a intervenir, alargándose el procedimiento. De no presentarse, el caso, pasado el plazo, volvería a primera instancia, concretamente a la magistrada Montserrat Raga, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Barcelona, que ya falló a favor de Francesc en su día. “No quiero especular, pero tengo la esperanza de que nos de la razón de nuevo y así no tener que alargar esta situación, y es que Francesc está sufriendo”, esgrime Bel, quien lamenta que, de todos modos, “quedan meses” todavía para llegar a una resolución definitiva.
Su caso ha discurrido en los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre logró paralizar in extremis en agosto pasado su muerte asistida, aunque recientemente la jueza ha autorizado la eutanasia de la chica y ha concluido que el padre no tenía legitimación para intervenir al considerar que es un derecho limitado a los casos de menores o personas con discapacidad intelectual y/o mental. Sin embargo, este último ha recurrido al TSJC para que se reconozca su “interés legítimo” a participar y así mantener la suspensión de la muerte asistida de su hija.
Representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, pide al TSJC que revoque la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona, que el pasado 14 de marzo avaló la decisión de la CGAC de dar luz verde a la eutanasia. Habrá que esperar para ver cómo se cierra el caso.
Una ley del todo garantista
¿Cuál es el proceso para solicitar la eutanasia? Lo normal es que el paciente primero la solicite a su médico de referencia, que es el de primaria. Este profesional, después de hablar con el afectado, evaluará si está dentro de los preceptos que marca la ley. Con independencia de que el médico crea que el enfermo cumple o no los requisitos, dará de alta la solicitud en la app que la Generalitat de Catalunya elaboró para estos casos y emitirá un informe con su opinión médica. A partir de aquí, entra en juego otro médico consultor que revisa el caso (pasados 15 días) y emite un segundo informe. Si los dos facultativos coinciden en que el enfermo no cumple los requisitos, se deniega la solicitud. El afectado tiene derecho a hacer una reclamación a la CGAC. Si por el contrario, los informes de ambos profesionales son positivos, la mencionada comisión nombra una dupla (formada por un magistrado y un médico) que analiza de nuevo toda la documentación. En caso de estar de acuerdo, aprobarán la solicitud y la elevarán a la comisión que, de oficio, también la aprobará. El pleno de la CGAC en bloque (la totalidad de sus 19 miembros) solo se reúne cuando alguno de los cuatros profesionales implicados (el magistrado o los tres galenos), y tras la solicitud del afectado, ha mostrado alguna posición discordante. Por ejemplo, el caso de Noelia fue tratado por la comisión en bloque, explica Cristina Vallès. En esta comisión -prosigue- hay médicos, juristas, personal de enfermería, psicología y trabajo social.