El 3 de febrero, pasada la medianoche, Elon Musk apareció en X para explicar lo que está haciendo con el gobierno federal. Tuvo que hablar por encima de la cháchara de su hijo de cuatro años, también llamado X. La burocracia, afirmó, constituye “una cuarta rama del gobierno” y es “posiblemente la rama más poderosa”. A continuación, se refirió a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la denunció como poco más que un instrumento para desviar el dinero de los contribuyentes hacia marxistas y criminales. Aseguró que contaba con el pleno respaldo de Donald Trump y que se disponía a “cerrarla”, pese a que la existencia de la organización es un mandato del Congreso. Más tarde, publicó que había pasado el fin de semana “echando USAID a la trituradora”.
Mientras Musk hablaba, los trabajadores de la sede de USAID en Washington recibieron la orden de no acudir al trabajo al día siguiente. Unos 600 empleados de la agencia parecen haberse quedado sin acceso a sus correos electrónicos. Eso ocurrió tras un fin de semana en el que el sitio web del organismo ya no funcionó y su cuenta de X fue borrada; además, algunos trabajadores de la nueva unidad gubernamental de Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), intentaron entrar en la sede del organismo, aunque parece ser que en un primer momento el personal directivo les impidió descargar datos clasificados. Más tarde, a lo largo del 3 de febrero, Marco Rubio, secretario de Estado, anunció su nombramiento como jefe interino del organismo mientras se lleva a cabo su “reorganización”.
El desmantelamiento de USAID es el ejemplo más espectacular de lo que parece ser el plan de Musk para la administración pública estadounidense. Está sacado de su manual como jefe corporativo. Hace poco más de dos años, se hizo con Twitter en un caótico acuerdo de 44.000 millones de dólares y en pocos meses, pasados en buena parte en la sede de la compañía en San Francisco, redujo la plantilla en unas cuatro quintas partes. Un tercio de la plantilla aceptó la compra de acciones y, del resto, muchos fueron despedidos. Había entre ellos altos ejecutivos que fueron echados de forma fulminante para impedir que sus opciones sobre acciones se hicieran efectivas. Todas las decisiones (por ejemplo, las relacionadas con qué cuentas de Twitter prohibir) se pusieron directamente en manos de Musk.

Elon Musk entrando en las oficinas de Twitter el día de su adquisición
Ahora está intentando hacer lo mismo con más de dos millones de empleados públicos, en un intento de recortar un billón de dólares del presupuesto federal (más de la mitad de todo el gasto discrecional). Algo así no ha sucedido nunca antes, asegura Donald Kettl, de la Escuela de ʴDZíپs Públicas de la Universidad de Maryland. “En una escala del uno al diez, esto es como 145. Se sale por completo del gráfico”, añade. Richard Nixon fue el último presidente estadounidense que gobernó como si las leyes del país no fueran con él, pero “esto supera con creces todo lo intentado por Nixon”.
Los primeros indicios de que Musk iba muy en serio llegaron el 28 de enero, cuando más de dos millones de empleados federales recibieron un correo electrónico de la Oficina de Gestión de Personal (OGP), lo más parecido que tiene la administración estadounidense a un departamento de recursos humanos. El mensaje ofrecía una “renuncia diferida”. Llevaba por asunto “encrucijada en el camino”, el mismo que el correo electrónico enviado a los empleados de Twitter cuando Musk se hizo cargo de la compañía. Muchos empleados federales han recibido desde entonces otros dos correos electrónicos confirmando la oferta. Uno se envió a los controladores aéreos menos de un día después del accidente aéreo en Washington (D. C.) que ha suscitado dudas sobre la escasez de personal en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de esa ciudad.
El terremoto propiciado por Musk “es, en una escala del uno al diez, como un 145”, asegura un analista
Técnicamente, DOGE está integrado en el Servicio Digital de Estados Unidos, una organización creada por Barack Obama para difundir el uso de las nuevas tecnologías en todo el aparato estatal. Sin embargo, el nuevo organismo parece algo totalmente nuevo. Muchos de sus empleados son trabajadores muy jóvenes recién reclutados en las numerosas empresas privadas de Musk. Sus nombres no se han hecho públicos, aunque la revista Wired ha identificado a seis ingenieros. El que envió el correo electrónico para cerrar USAID, Gavin Kliger, terminó sus estudios de secundaria en 2017. El más joven de los seis, Edward Coristine, tiene 19 años; su única experiencia laboral relevante consiste en unos meses de prácticas en Neuralink, la compañía de implantes cerebrales de Musk. En su perfil de LinkedIn, ahora borrado, había adoptado el apodo de “bigballs” (“huevosgrandes”).
Esos ingenieros (y su número no está claro) parecen poder entrar ahora en casi cualquier edificio gubernamental de su elección. Al parecer, han instalado sofás-cama en la sede de la OGP. En virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día en el cargo, se les concede “acceso completo y rápido a todos los registros no clasificados de la agencia, los sistemas de software y los sistemas informáticos”. Es posible que a algunos empleados se les haya expedido también autorizaciones provisionales “top secret”, que les permitirían acceder a datos clasificados.

Elon Musk frente a Donald Trump
Según algunos funcionarios de diversos organismos públicos, el personal de DOGE se está presentando en sus oficinas para conectar servidores y realizar “revisiones de código”. En la última semana, muchos sitios web gubernamentales han sido desconectados de la red, incluidos algunos vitales, como el de la Oficina del Censo. También han desaparecido servicios como la web de solicitud de pasaportes. Eso puede estar relacionado con la purga de todo el material relacionado con la política de DEIA (“diversidad, equidad, inclusión, accesibilidad”). Lo que más interesa a los sabuesos de DOGE parece ser el acceso a los registros de personal y toda la información posible acerca de lo que hacen realmente los empleados. Según un funcionario entrevistado por el personal de DOGE, las preguntas incluyen: “¿Quiénes son tus colegas más prescindibles?”.
También aquí Musk parece estar aplicando las lecciones de su toma de control de Twitter, donde un pequeño grupo de acólitos de confianza peinó los archivos, como los canales de Slack y las cuentas de correo electrónico de la empresa, para decidir a quién despedir. Sin embargo, el gobierno federal es una bestia mucho mayor que Twitter, que en su momento álgido sólo tenía 6.500 trabajadores. Y Musk está tocando algunas partes extremadamente sensibles. El 31 de enero se supo que David Lebryk, un alto funcionario del Tesoro, había dimitido tras un enfrentamiento con funcionarios de DOGE. Es posible que ahora hayan obtenido acceso al sistema de pagos del gobierno, que tramita las facturas de la administración y realiza casi el 90% de sus transferencias bancarias.
Musk indicó en un tuit que tiene el control directo y que su equipo está “cerrando rápidamente” los pagos del gobierno a los contratistas. En su charla de medianoche en X, afirmó que una gran parte del gasto gubernamental es objeto de un robo por parte de las organizaciones humanitarias. Algunas con contratos públicos (para transportar a pacientes ancianos a sus citas médicas, por ejemplo) informan ya de que pagos que esperaban no han aparecido.
¿Es legal todo esto? El tardío nombramiento de Rubio como administrador en funciones de USAID apunta a un reconocimiento de que las organizaciones creadas por el Congreso no pueden cerrarse así como así. Mientras tanto, siguen vigentes las leyes sobre el tratamiento de datos gubernamentales. Pocos expertos jurídicos creen que la oferta de una “renuncia diferida” sea legal. Nick Bednar, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, señala que existen leyes para las indemnizaciones por despido de los trabajadores federales y que los pagos tienen un tope de 25.000 dólares. La oferta de renuncia diferida de Musk también parecería incompatible con las leyes destinadas a reducir el despilfarro y la corrupción, afirma Bednar. Los trabajadores que acepten la oferta (que expira el 6 de febrero) “podrían verse muy desamparados”, añade.
La gran pregunta respecto a las draconianas medidas emprendidas por Musk en la Administración es si son legales
Se están presentando demandas y algunos trabajadores se resisten a la reducción forzosa. Con todo, las protestas han sido muy reducidas. El 3 de febrero, mientras se cerraba la oficina de USAID en Washington, en el exterior apenas se concentraron unos pocos manifestantes. Uno de ellos, Kristina Drye, redactora de discursos de USAID, dice que “firmó un contrato para servir al pueblo estadounidense” y que, a pesar de recibir el correo electrónico, decidió entrar en la oficina. Recuperó algunos libros, así como unos zapatos de tacón a los que tiene especial cariño. Dice que no espera volver a entrar nunca más. Lo que está haciendo Musk es un “desprecio puro y duro” por el trabajo importante, afirma Drye. Por ahora, no hay nadie que le pare los pies.
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Traducción: Juan Gabriel López Guix