bet365

Loading...

Los aranceles de Trump dividen a los republicanos y suponen una peligrosa apuesta política

Estados Unidos

Cuatro senadores republicanos se unen a los demócratas para eliminar los aranceles a Canadá, mientras un proyecto de ley bipartidista busca devolver al Congreso la autoridad sobre la política comercial

Los senadores Rand Paul y Susan Collins, republicanos, se unieron a los demócratas en una votación contra los aranceles a Canadá.

KAYLA BARTKOWSKI / AFP

Retroceder un siglo en la política comercial estadounidense y enterrar el libre comercio sobre el que se ha sustentado la prosperidad del país, castigando por igual a aliados y enemigos, es una medida no exenta de costes políticos. A Donald Trump le ha costado, de momento, cuatro deserciones en el Senado. Los republicanos Rand Paul, Susan Collins, Mitch McConnell y Lisa Murkowski se unieron anoche a los senadores demócratas para aprobar una resolución que busca deshacer los aranceles a Canadá. Y aprobaron la medida por 51 votos a 48, en un inusual desafío a la agenda de la Casa Blanca.

Su impacto será meramente simbólico, pues el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ya ha dicho que no la llevará a votación. La resolución revocaría la emergencia nacional contra el fentanilo que declaró Trump para justificar los aranceles del 25% a Canadá, que aplicó mediante orden ejecutiva, aplazó en dos ocasiones y finalmente eximió a todas las importaciones que cumplan con el tratado de libre comercio entre é澱, Estados Unidos y Canadá.

Lee también

El primer socio comercial no estaba en la lista negra de países afectados por los nuevos “aranceles recíprocos”, ni los gravámenes globales del 10% van a afectar a sus exportaciones que cumplan con este tratado (T-MEC). Pero la orden ejecutiva sigue en pie para los demás productos, así como la amenaza de ampliar la guerra comercial a todas las importaciones desde Canadá. Además, el sector del automóvil no se libra de las nuevas tasas del 25% a los coches, que entraron en vigor esta madrugada.

Aun así, las deserciones republicanas indican que Trump no tiene un control absoluto sobre el legislativo. En una en Truth Social, el republicano citó los nombres de los cuatro senadores díscolos, a los que llamó “desleales”, y les exigió que se subieran “al carro republicano, para variar” y luchasen “contra la salvaje y flagrante presión de los demócratas para no penalizar a Canadá por la venta en nuestro país de grandes cantidades de fentanilo”.

Pero no cedieron a su intimidación pública. El senador Paul, de Kentucky, fue uno de los promotores de la iniciativa legislativa y dijo desde el Senado que los aranceles “van a subir los precios y son una pésima idea para la economía”, pues “somos más ricos gracias al comercio con Canadá”. Y advirtió a Trump de que los gravámenes siempre han llevado en el pasado a los republicanos “a la aniquilación política”.

Rand Paul, senador republicano

“Todo el mundo recuerda cuando McKinley impuso tarifas en la década de 1890 y perdimos la mitad de nuestros escaños”

“Todo el mundo recuerda cuando (el presidente) William McKinley impuso tarifas en la década de 1890 y perdimos la mitad de nuestros escaños en las siguientes elecciones. Cuando (los legisladores) Smoot y Hawley las impusieron a inicios de los años 1930, perdimos la Cámara Baja y el Senado durante 60 años. Por lo tanto, no solo son malas a nivel económico, también políticamente”, sentenció el republicano.

“No deberíamos vivir en una emergencia nacional”, añadió Paul, recordando que “los padres fundadores tenían tanto temor al poder de los impuestos que se lo dieron exclusivamente al Congreso”. Trump entiende los aranceles como un impuesto a los terceros países, cuando en realidad son los importadores americanos, y en última instancia el consumidor final, quienes pagarán el precio. Además, la ley da al Congreso la autoridad para aprobar aranceles, pero Trump los está pudiendo aplicar gracias a las declaraciones de emergencia nacional.

El legislativo busca ahora recuperar su poder. Otros dos senadores, el republicano Chuck Grassley y la demócrata Maria Cantwell, han presentado esta mañana un proyecto de ley bipartidista para reafirmar la potestad del Congreso sobre los aranceles. De ser aprobada, la establecerá que un presidente debe notificar al Congreso los nuevos aranceles en un plazo de 48 horas a partir de su imposición. Y exigirá que el Congreso los apruebe en un plazo de 60 días o expiren.

Chuck Grassley, senador republicano

“Durante demasiado tiempo, el Congreso ha delegado su clara autoridad para regular el comercio exterior en el poder ejecutivo”

“Durante demasiado tiempo, el Congreso ha delegado su clara autoridad para regular el comercio interestatal y exterior en el poder ejecutivo”, asegura Grassley, quien hasta ahora ha sido aliado de Trump, pero se muestra escéptico con los aranceles. “Este proyecto de ley reafirma el papel del Congreso en la política comercial para garantizar que las políticas comerciales basadas en normas sean transparentes, coherentes y beneficien al pueblo estadounidense”, ha alegado la demócrata Cantwell. “Como representante del pueblo estadounidense, el Congreso tiene el deber de detener las acciones que le causen daño”.

Las consecuencias de los aranceles en el corto y medio plazo –más inflación, caídas en las bolsas y el riesgo de una recesión– podrían pasar factura a los republicanos en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, en noviembre del 2026. Estos comicios suelen dar malos resultados al partido en el poder y, si los aranceles se vuelven impopulares, peligrarán las mayorías republicanas en las dos cámaras del Congreso.

La última encuesta del centro Marquette, realizada antes de la última ronda arancelaria, muestra que el 58% de los estadounidenses creen que la política comercial agresiva de Trump va a dañar la economía del país, mientras el 28% cree que va a ser beneficiosa. Varias asociaciones empresariales también expresaron su descontento, con un comunicado conjunto de la Mesa Redonda de Negocios en el que directores ejecutivos de grandes empresas advirtieron que los gravámenes “corren el riesgo de causar graves daños a los fabricantes, trabajadores, familias y exportadores estadounidenses”.