Una mayor铆a de cinco a cuatro jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado la suspensi贸n cautelar de un juez que impidi贸 a la Casa Blanca usar una ley de 1798 para deportar a inmigrantes sin el debido proceso. La Administraci贸n de Donald Trump desobedeci贸 esa orden judicial y expuls贸 a El Salvador a unos 250 venezolanos a los que acus贸, sin demostrarlo, de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua. El fallo del alto tribunal anula la prohibici贸n del juez inferior y supone una victoria para el republicano, aunque no se pronuncia sobre la legalidad de las deportaciones.
El Supremo ha dictaminado que los inmigrantes impugnaron indebidamente las expulsiones en Washington D.C., y no en Texas, donde hab铆an estado detenidos antes de ser deportados a El Salvador. All铆,听permanecen confinados en la prisi贸n de m谩xima seguridad Cecot, inaugurada el 2023 por el presidente Nayib Bukele. No se ha pronunciado sobre el fondo de la suspensi贸n cautelar del juez federal, James Boasberg, que consider贸 que el gobierno se extralimit贸 al aplicar la ley de Enemigos Extranjeros, pensada para tiempos de guerra.
Los venezolanos deportados, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, fueron llevados a la prisi贸n de m谩xima seguridad de El Salvador, el Cecot. (Jose Cabezas / Reuters)
Esta ley, que permite la deportaci贸n sumaria de extranjeros que han participado en una 鈥渋nvasi贸n鈥� o 鈥渋ncursi贸n depredadora鈥�, tan solo hab铆a sido invocada hasta el momento durante la guerra con Reino Unido en 1812 y las dos guerras mundiales. En la segunda, se aplic贸 para enviar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes a centros de confinamiento. Para justificar la expulsi贸n de presuntos pandilleros, la Administraci贸n Trump los identific贸 como miembros de una organizaci贸n terrorista transnacional.
El juez Boasberg bloque贸 el uso de la ley y despu茅s el tribunal de apelaciones ratific贸 su decisi贸n. La jueza de apelaciones asegur贸 que los inmigrantes recibieron un peor trato que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pues al menos estos pudieron presentar sus casos ante un juez.听
Ahora el Tribunal Supremo permitir谩 llevar a cabo m谩s deportaciones, pero impone l铆mites en la forma en que deben darse, se帽alando que los inmigrantes deber谩n tener la oportunidad de impugnar ante un juez y un 鈥渢iempo razonable鈥� para presentarse en los tribunales.
En la opini贸n de la mayor铆a, los detenidos 鈥渄eben recibir notificaci贸n despu茅s de la fecha de esta orden de que est谩n sujetos a expulsi贸n en virtud de la Ley. La notificaci贸n debe realizarse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar un recurso de habeas corpus en el lugar adecuado antes de que se produzca la expulsi贸n鈥�.
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Las tres juezas progresistas, as铆 como la conservadora Amy Coney Barrett, han disentido y han se帽alado que la prohibici贸n deb铆a seguir en pie. En su escrito, aseguran que su desacuerdo 鈥渘o es sobre si los detenidos deben recibir revisi贸n judicial de sus traslados, pues los nueve miembros del tribunal est谩n de acuerdo en que la revisi贸n judicial debe estar disponible. La 煤nica cuesti贸n es d贸nde debe ocurrir esa revisi贸n judicial鈥�.
Trump no solo desobedeci贸 la orden del juez Boasberg, tambi茅n desafi贸 a la justicia y atac贸 al magistrado, calific谩ndolo de 鈥渁ctivista鈥� y 鈥渓un谩tico radical de izquierdas鈥�, y exigiendo su destituci贸n. Eso llev贸 al presidente de la m谩xima instancia judicial, John Roberts, a emitir un inusual comunicado en el que recordaba al mandatario que el juicio pol铆tico 鈥渘o es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisi贸n judicial鈥�.
Ahora que el caso ha llegado a sus manos, Roberts se ha posicionado del lado del Gobierno de Trump, junto con los otros cuatro jueces hombres y conservadores. El Supremo, cuyos cargos son vitalicios, tiene una mayor铆a de seis magistrados nombrados por presidentes republicanos y tres por dem贸cratas. Tres de los conservadores fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.