El Tribunal Supremo de EE.UU. paraliza la expulsión de inmigrantes amparada en una ley de guerra de 1798
Revés a la política migratoria de Trump
La decisión sigue a una apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos que buscan detener la deportación de migrantes que actualmente se encuentran detenidos en una instalación en Texas
Centro de Detención Bluebonnet del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en Anson, Texas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha prohibido a la Administración Trump deportar a un nuevo grupo de inmigrantes venezolanos mediante el uso de la ley de Enemigos Extranjeros, una oscura ley del 1798 prevista para tiempos de guerra, en la que se ha estado escudando el Gobierno para expulsar a más de 200 personas a El Salvador sin el debido proceso. El fallo del Supremo, emitido de madrugada, bloquea temporalmente la deportación de una treintena de venezolanos que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson (Texas).
La Administración alega que estos inmigrantes pertenecen a las bandas criminales del Tren de Aragua y el MS-13, aunque, al igual que con los otros cinco vuelos de deportación enviados a El Salvador en los últimos dos meses, no ha presentado evidencia de ello. En el país centroamericano, están reclusos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión inaugurada por el presidente Nayib Bukele, que enfrenta acusaciones de malos tratos a sus alrededor de 40.000 presos.
Cuatro jueces conservadores se unen a las tres progresistas para bloquear la deportación de un treintena de inmigrantes
“Se ordena al Gobierno que no expulse de los Estados Unidos a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”, dicta el Supremo en su escrito, breve y sin argumentos que apoyen su decisión, como sí suele ocurrir en los fallos de emergencia de la máxima instancia judicial. Tras esta resolución, con la que han disentido los dos jueces más conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, se abre un proceso judicial hasta que se pronuncie un tribunal inferior del quinto distrito de Estados Unidos.
Cuatro de los seis jueces que conforman la mayoría conservadora de la corte se han unido a las tres progresistas en la votación, dejando un resultado de 7 a 2 en la decisión final. Es la segunda vez que el Supremo se pronuncia sobre el uso de la ley de Enemigos Extranjeros. En la primera ocasión, el alto tribunal permitió al Gobierno seguir deportando a inmigrantes bajo la ancestral ley debido a que se había presentado el recurso en un tribunal incorrecto, pero no se pronunció sobre la legalidad de su uso. Sin embargo, entonces los magistrados reconocieron a los inmigrantes el derecho a presentar su caso ante un juez antes de ser deportados, siempre que tuviera jurisdicción sobre el lugar en el que se encontraban detenidos.
El caso ha alcanzado el Supremo tras el recurso presentado por la Unión Americana por las Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés). En un comunicado, su abogado principal, Lee Gelernt, ha señalado esta mañana que la organización se sentía “aliviada de que el Tribunal Supremo no haya permitido a la administración llevárselos de la misma manera que lo hizo con otros el mes pasado”. La Aclu consideró que la Administración no había dado a los inmigrantes una “oportunidad significativa” de impugnar los motivos de su expulsión. A pesar de que habían recibido una notificación de que iban a ser deportados, en la misma no se explicitaba que tuvieran derecho a llevar sus casos hasta la justicia.
El fallo confirma que los tribunales se han convertido en el único contrapoder efectivo para frenar las abusivas medidas de la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder. Cuando el presidente invocó, mediante una proclamación, el uso de la ley de Enemigos Extranjeros, un juez federal de Washington, James Boasberg, bloqueó inmediatamente sus deportaciones al considerar que se había extralimitado en sus funciones.
La Casa Blanca, sin embargo, desobedeció la orden y expulsó a los inmigrantes mediante dos vuelos de deportación, alegando que cuando se produjo la decisión los aviones ya estaban en el espacio aéreo internacional y se había convertido en una cuestión de política exterior, sobre la que el presidente alega ser la máxima autoridad. El juez Boasberg anunció el miércoles que abría una investigación por desacato a la Administración, pero el viernes por la noche un tribunal de apelaciones en Washington pausó esa decisión, también de manera temporal, hasta pronunciarse de manera definitiva.
Ahora cabe esperar a ver si la Casa Blanca sigue la orden del máximo tribunal del país o la desafía, ampliando su asalto a la autoridad del poder judicial, que esta semana ha cobrado protagonismo por el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García. Este inmigrante, con estatus legal en EE.UU. y sin antecedentes penales, fue expulsado en la primera ronda de deportaciones mediante la ley del siglo XVIII, aunque luego la Casa Blanca reconoció en sede judicial que había sido un “error administrativo”.
Ábrego García, el deportado por error, sigue secuestrado en El Salvador a pesar del fallo del Supremo que ordena su retorno
El Tribunal Supremo se pronunció este mes ordenando, con una votación de 9 a 0, al Gobierno que “facilitara” el retorno de Ábrego García. Pero la Administración Trump se ha negado a hacerlo, argumentando que ya está preso en El Salvador y es por tanto autoridad del Gobierno de Bukele, y cambiando su versión sobre el inmigrante, acusándolo de ser un violento delincuente perteneciente a la pandilla del MS-13.
Esa determinación se basa en un expediente policial del 2019 en el que unos agentes determinaron que Ábrego García era miembro del MS-13 por la ropa que llevaba puesta. Pero no ha sido confirmado por ningún tribunal y, de hecho ese mismo año un juez de inmigración determinó expresamente que no podía ser deportado a El Salvador porque allí su vida corría peligro.