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Donald Trump quiere deportar a los estudiantes extranjeros solo por sus opiniones

La universidad de EE.UU.

El presidente afirma que su poder sobre la inmigración anula la Primera Enmienda

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Manifestantes propalestinos manifestándose ante la Universidad de Columbia

KENA BETANCUR / AFP

“Cada vez que encuentro a uno de esos lunáticos, le quito el visado”. Así describió el mes pasado Marco Rubio, el secretario de Estado, la presión del gobierno de Trump para deportar a estudiantes universitarios extranjeros que han participado en actividades activistas en los campus. Rubio afirmó en un principio que su departamento había cancelado al menos 300 visados. La cifra parece cada vez más desfasada, ya que la campaña de deportación se ha extendido más allá de las universidades de élite de la costa este y por conductas que van más allá de la protesta y la expresión. Solo en California, se ha retirado el visado a más de 100 estudiantes; parece ser que, en algunos casos, debido a infracciones tan leves como una multa por exceso de velocidad.

La represión combina dos de las promesas formuladas en campaña por el presidente Donald Trump: llevar a cabo deportaciones masivas y expulsar a los estudiantes involucrados en las protestas universitarias como protesta ante la invasión de Gaza por parte de Israel tras los brutales ataques del 7 de octubre de 2023. La deportación ya no es sólo una forma de reducir el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y disuadir nuevas llegadas, sino un medio para castigar a aquellos cuyas opiniones difieren de las del gobierno federal. Las detenciones y las revocaciones de visados han creado una ansiedad generalizada en unos campus que ya están sumidos en agitaciones. Hay ahora demandas que plantean si el gobierno puede deportar a residentes legales sólo por su discurso.

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¿Cómo decide el Departamento de Estado a quiénes perseguir? Según se informa, los funcionarios utilizan la inteligencia artificial para rastrear cuentas de estudiantes en las redes sociales en busca de pruebas de que han participado en protestas propalestinas en los campus. El grupo prosionista Betar afirma que está proporcionando nombres al gobierno. (No está claro si los funcionarios de inmigración actúan a partir de tales datos.) Localizar a esos estudiantes es bastante fácil. “Los estudiantes internacionales son los más vigilados de todos los no inmigrantes”, explica Fanta Aw, de NAFSA, una asociación que promueve los intercambios de estudiantes. Existe desde la década de 1990 un sistema que controla a los estudiantes extranjeros y que se amplió tras los atentados del 11 de septiembre. Los administradores universitarios pueden comprobar en dicho sistema, llamado SEVIS, si el gobierno ha cancelado sin previo aviso los permisos de los estudiantes, lo cual los vuelve vulnerables a la deportación.

Uno de los primeros y más destacados casos, el de la detención de Mahmud Khalil, un estudiante palestino de posgrado de la Universidad de Columbia, ilustra los argumentos jurídicos que esgrime el gobierno de Trump en su intento de deportar a los manifestantes. El 8 de marzo, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) separaron a empujones a Khalil de su esposa, que estaba en avanzado estado de gestación, mientras le decían que le habían revocado el visado. (Según los documentos judiciales, no parecían saber que estaba en posesión de la Tarjeta Verde, que le confiere la residencia permanente.) Khalil sigue detenido en Luisiana mientras se tramita la impugnación de su encarcelamiento ante un tribunal federal de Nueva Jersey, donde estuvo detenido en un primer momento. Trump afirmó en Truth Social que Khalil es un “estudiante extranjero radical pro-Hamas” y que los estudiantes que se manifiestan son “simpatizantes de los terrorista”. Los aliados de Khalil consideran que ese ataque presidencial contra individuos constituye un retroceso a capítulos oscuros de la historia estadounidense. “No hemos visto una amenaza similar a la libertad de expresión desde el Temor Rojo” de la década de 1950, dice Esha Bhandari, una de sus abogadas.

FILE PHOTO: Mahmoud Khalil speaks to members of media about the Revolt for Rafah encampment at Columbia University during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas in Gaza, in New York City, U.S., June 1, 2024. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

El estudiante palestino Mahmoud Khalil

Jeenah Moon / Reuters

El gobierno de Trump está atacando a un amplio grupo de extranjeros haciendo un uso agresivo de una ley de inmigración de 1952. Según dicha ley, el secretario de Estado puede declarar “inadmisible” a alguien cuya presencia en el país “tendría consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior”. Además, el gobierno sostiene que los tribunales no pueden anticipar qué constituye una consecuencia grave para la política exterior, ni pedir pruebas específicas de irregularidades. Según afirma David Cole, que defendió en nombre de manifestantes palestinos un caso similar que estuvo en litigio durante dos décadas, se trata de “un cheque en blanco para que el gobierno declare cualquier cosa contraria a nuestra política exterior y luego revoque los visados de las personas y las deporte”.

La ley rara vez se ha utilizado de semejante manera. En un informe judicial, 150 juristas informaron de que la disposición de política exterior se había invocado en 15 casos de deportación desde 1990 y había dado lugar a sólo cuatro expulsiones. Si fracasa el recurso a la ley de 1952, el gobierno también ha argumentado que Khalil es deportable por ocultar información en su solicitud de Tarjeta Verde.

Los funcionarios utilizan sistemas de inteligencia artificial para rastrear las opiniones en redes sociales de los estudiantes que piden visado

Como precedente, los abogados del gobierno citan varios casos de la década de 1950 en los cuales las amenazas comunistas percibidas a menudo se impusieron a las preocupaciones en relación con la Primera Enmienda. Sin embargo, desde entonces y en gran parte como reacción al atropello de los derechos durante aquel Temor Rojo, los tribunales y el Congreso han reforzado las protecciones de la libertad de expresión para los no ciudadanos. La misma ley que Rubio invoca para deportar a Khalil fue enmendada en 1990 para evitar la deportación basada en las opiniones de un inmigrante, a menos que el secretario de Estado informe al Congreso de que existe una razón de peso para la deportación. No está claro si Rubio lo ha hecho, por más que afirme que la presencia de Khalil socava la política estadounidense de “lucha contra el antisemitismo en todo el mundo”. En un informe que explicaba las modificaciones realizadas en su momento, los legisladores expresaron su esperanza de que “dicha autoridad se utilice con moderación y no sólo porque exista la posibilidad de que un extranjero haga comentarios críticos sobre Estados Unidos o sus políticas”.

La Primera Enmienda no hace distinción alguna entre no ciudadanos y ciudadanos. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha inclinado por ceder ante el ejecutivo en materia de inmigración. “Durante generaciones, ha habido personas tanto de izquierdas como de derechas que han argumentado que las normas ordinarias que se aplican de modo general en el derecho constitucional no se aplican cuando están en juego las políticas de inmigración”, afirma Adam Cox, de la Universidad de Nueva York. Por ejemplo, durante el primer mandato de Trump, el tribunal confirmó la tercera iteración de la prohibición gubernamental de viajar dirigida a personas de varios países de mayoría musulmana, pese a la discriminación constitucionalmente discutible de dicha prohibición.

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También existen dudas sobre si la disposición de política exterior resulta demasiado vaga para ser aplicada. ¿Cómo puede un inmigrante mantenerse en el lado correcto de la ley cuando no sabe qué podría causar su deportacion? En un giro típico de las telenovelas, ésa fue la conclusión de Maryanne Trump Barry, una hermana de Trump ya fallecida y en aquel momento jueza de un tribunal de distrito, cuando dictaminó en 1996 que la medida era nula debido a su vaguedad. Su decisión fue anulada entonces por razones de procedimiento. Ahora bien, si el caso de Khalil llega al Tribunal Supremo, los jueces podrían basarse en su razonamiento y evitar enfrentarse a la cuestión de si el poder del ejecutivo sobre la inmigración tiene prioridad sobre los derechos de libertad de expresión de los no ciudadanos.

Mientras avanza el litigio de Khalil, Rubio sigue revocando visados de estudiante. Según Aw, puede que la situación de tensión que se vive haga que los estudiantes decidan que merece la pena estudiar en Estados Unidos.

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Traducción: Juan Gabriel López Guix

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