Indignación entre los propietarios de las licencias VTC ante la inmovilización de 423 vehículos en el área metropolitana de Barcelona en apenas un par de semanas. Los dueños de los permisos de los coches de alquiler con conductor entienden que están siendo víctimas de una campaña de acoso orquestada principalmente por la Generalitat y en función de los criterios y los intereses de los taxistas, sobre todo de Alberto Álvarez, alias Tito, portavoz y fundador de Élite Taxi.
bet365 detalló estos días que la mayor parte de las infractores carecía de la doble licencia necesaria para prestar servicios en el área metropolitana, y que para recuperar sus vehículos tendrán que abonar una multa de más de 4.000 euros. La mayor parte de los conductores de estos vehículos acostumbran a emplear las aplicaciones de Uber, Cabify y Bolt para captar sus clientes.
Fuentes de Unauto VTC Catalunya, de la recientemente constituida filial de la principal patronal española del sector, aseguran que recurrirán todas estas sanciones. Hablamos de un montante cercano a los 1.700.000 euros. Se trata de otro episodio de la guerra del taxi. Además, las fuentes de Unauto subrayan que la Generalitat está ultimando una nueva ley del transporte de viajeros en vehículos de menos de nueve plazas que a la postre supondrá la desaparición de su sector.
“De manera que si la Generalitat no se echa atrás –aseguran también las fuentes de Unauto VTC Catalunya- acudiremos a los tribunales y le exigiremos indemnizaciones muy importantes, responsabilidades patrimoniales por todos los daños causados”. Esta asociación patronal entiende que muchas de las restricciones a sus actividades en estos momentos en funcionamiento, así como aquellas que ultima la Generalitat, contravienen la propia Constitución y también el derecho europeo.
Unauto VTC Catalunya dice que la nueva regulación de las Generalitat perjudica a los consumidores y beneficia a los taxistas
“Las administraciones pueden imponer restricciones en función de criterios de interés general, como la protección del medio ambiente –abundan las fuentes de la patronal catalana de los VTC-, pero no para proteger los intereses de un sector concreto, de los taxistas. Y obstaculizar la operativa de las VTC por trabajar con aplicaciones perjudica a los consumidores. Exigimos a la Generalitat que cese esta campaña de acoso y que se siente a negociar un marco regulador justo y equitativo para taxis y VTC, respetando las normativas europea y española”.