La jueza de instrucción de Catarroja realiza en el auto en que descarta de nuevo citar como investigada a a delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, un cruda descripción de lo que, a tenor de lo investigado hasta ahora, ocurrió en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la fatídica tarde del 29 de octubre.
En sus razonamientos jurídicos, describe el órgano de Emergencias como “un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración Autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos”.
Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos... a los medios de comunicación...
Prosigue la jueza: “Una sala de reuniones del Cecopi en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala. Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: “los barrancos están a punto de colapsar”, escribió en un mensaje el investigado Sr. Emilio A.T. (Argüeso, secretario autonómico) antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas. La alarma se lanzaba a las 20:11 horas”.
A juicio de la instructora, “el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, como ya se ha expresado, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”.
Considera la magistrada que “la voluntad de extender la responsabilidad a todas y cada una de las Administraciones, a cualquier persona que ejerciera funciones en relación con la dana, con mayor o menor relevancia decisoria o técnica, confluye con las argumentaciones de las representaciones de los investigados Salomé P.T. y Emilio A.T., y produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana con el resultado mortal antes expuesto, apartándose del nexo causal y la posición de garante atribuible a los investigados”.
Para la magistrada, “resulta evidente, tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados Salomé P.T. y de Emilio A.T., en qué Administración concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima. En el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión enel ámbito autonómico para salvar a la población“”.
Argumenta la jueza que “”quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas dela AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través delSAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi”.