Han pasado seis meses desde que una dana acab贸 con 228 vidas en Valencia, seis meses de muchas preguntas sin respuestas y de un duelo que no termina porque no habr谩 b谩lsamo posible hasta que se diriman las responsabilidades judiciales y pol铆ticas. Pero en medio de este malestar por la gesti贸n institucional de la tragedia, hay una figura que se ha convertido en la gran esperanza de las v铆ctimas: la jueza de instrucci贸n de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Mientras el poder pol铆tico intenta convertir la cat谩strofe en un recuerdo difuso, intentando alejar la fecha del 29 de octubre de la memoria colectiva, los autos de la magistrada mantienen viva la voluntad de conocer al detalle lo que realmente sucedi贸 aquel d铆a. Y por eso, precisamente por eso, se ha convertido en el blanco de quienes prefieren que las responsabilidades se diluyan como la tierra entre los barrancos.
Un hombre pasea por la calle anegada de barro en Paiporta d铆as despu茅s de la dana听
Lo extraordinario de su labor no es solo que investigue, sino c贸mo lo hace. Sus resoluciones no son fr铆os documentos jur铆dicos, sino cr贸nicas de un fracaso anunciado, lo que genera opiniones diversas entre juristas consultados: para unos, la instructora acota el marco de su investigaci贸n con estos pronunciamientos, aunque para otros emite conclusiones inusuales y excesivas en fase de instrucci贸n. Ella describe el Cecopi como 鈥渦n lugar donde nadie parec铆a tener tel茅fonos鈥�, lo que para unos es 鈥渓iteratura鈥� para otros supone que est谩 reconstruyendo el vac铆o que cost贸 vidas. Cuando recuerda que la Universitat de Val猫ncia, con los mismos datos meteorol贸gicos, evacu贸 a tiempo mientras la Generalitat esperaba, no est谩 comparando, est谩 sentando las bases de lo que pudo evitarse y no se hizo. Sus palabras son un espejo para un sistema que preferir铆a no verse reflejado ni cuestionado, que es justamente lo que est谩 realizando esta instrucci贸n.
Es aqu铆 donde su investigaci贸n trasciende lo jur铆dico y se convierte en un fen贸meno pol铆tico con repercusi贸n nacional. Porque cada auto suyo es un mazazo a la estrategia de diluci贸n de responsabilidades, principalmente contra la Generalitat Valenciana, a la que la jueza recuerda que la falta de declaraci贸n de emergencia nacional no le eximi贸 de su 鈥渕anifiesta pasividad鈥� para socorrer a los valencianos. O cuando insiste en que la alarma se lanz贸 diez horas despu茅s de que el secretario auton贸mico de Emergencias, Emilio Arg眉eso, advirtiera por mensaje que 鈥渓os barrancos est谩n a punto de colapsar鈥�. Sin olvidar c贸mo la instrucci贸n cuestiona la actividad de Carlos Maz贸n durante esa jornada tras conocerse el listado de llamadas de Salom茅 Pradas, desde con qui茅n y donde estuvo hasta su llegada al Cecopi hasta las conversaciones que mantuvo para interesarse por la grave situaci贸n. Y veremos qu茅 dan de s铆 las declaraciones ante la jueza de otros como el presidente de la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del J煤car, Miguel Polo.
Pero hay algo m谩s inquietante. La jueza no solo cuestiona actos, sino la cultura pol铆tica que los hizo posibles: esa normalizaci贸n de la opacidad, esa tendencia a refugiarse en 鈥減rotocolos鈥� para eludir decisiones o esa manida tendencia de culpar a los t茅cnicos o subalternos para eludir cualquier responsabilidad. Al escribir que en el Cecopi 鈥渜uienes entraban perd铆an la conciencia de la gravedad鈥�, retrata un sistema que anestesia el sentido de urgencia, que deb铆a ser la prioridad de un organismo de Emergencias. Y eso duele m谩s que cualquier imputaci贸n, porque implica que el problema no son solo unas personas concretas, sino un modo de gobernar que sigue priorizando salvar el tipo antes que dar una respuesta sincera y transparente a las v铆ctimas y a los damnificados.
No es casual que las cr铆ticas a la magistrada se centren ahora en el tono de sus autos. Acusarla de 鈥渕edi谩tica鈥� o 鈥渆xcesiva鈥� es un cl谩sico intento de desviar la atenci贸n del fondo: sus resoluciones son inc贸modas porque est谩n documentadas y ponen negro sobre blanco lo que dicta el sentido com煤n. Cuando el poder no puede rebatir los hechos, ataca a quien los enuncia, por eso es fundamental no perder la perspectiva de qui茅n debe responder y qui茅n investigar y, adem谩s, que la prioridad debe ser siempre estar al lado de las v铆ctimas. Y el riesgo es real: no tardaremos en observar el intento de construir una campa帽a de descr茅dito contra la magistrada presentando su rigor como 鈥渁ctivismo鈥�. Es el mismo guion usado contra otros jueces en el pasado, con las consecuencias ya conocidas.
Para las familias de las v铆ctimas, cada auto de la jueza es un reconocimiento a su dolor y a su indignaci贸n cada vez que han escuchado que lo sucedido era 鈥渋nevitable鈥�
Las v铆ctimas, sin embargo, observan esta instrucci贸n, seis meses despu茅s, como la 煤nica v铆a de conocer una verdad que algunos intentan doblegar a martillazos. Para ellas, cada auto es un reconocimiento a su dolor y a su indignaci贸n cada vez que han escuchado que lo sucedido era 鈥渋nevitable鈥�. La jueza les devuelve la dignidad: les dice que ten铆an derecho a que las instituciones actuaran, y que su fracaso tiene nombres y apellidos. Por eso, m谩s all谩 de las presiones, su labor es un punto de inflexi贸n. No solo para Valencia, sino para Espa帽a. Porque demuestra que, cuando la justicia no se pliega al ruido pol铆tico, puede ser el 煤ltimo dique contra la impunidad.听
