Dar limosna o hacer justicia territorial
Cuadernos del Sur
En política, lo mismo que en la vida, andar jugando con las cosas de comer es un hábito que causa disgustos y, de forma infalible, termina provocando graves discordias familiares. Si la España autonómica, que nada tiene que ver con la federal, como falsamente proclaman los interesados en que la sociedad no distinga lo que ha votado de aquello que se construye en contra su voluntad y hasta de sus intereses, puede equipararse a una congregación, lo cierto es que la política territorial del Gobierno no ayuda a la concordia ni contribuye a la cooperación. Al contrario: alimenta los agravios –reales o imaginarios– entre supuestos iguales que nunca lo han sido de facto, pero hasta ahora al menos tenían la estéril ilusión de serlo de iure.
Esta es la primera consecuencia de la asimetría consentida que la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, ratificada (sin primarias) hace ahora una semana como nueva líder del PSOE meridional, camufla en una operación con distintas etapas que tiene en la quita de la deuda autonómica su primera fase, y que depende de una mayoría parlamentaria que, en estos momentos, cuando se celebra el 28F en Ի岹ܳí, no está en absoluto garantizada.
Estamos ante una quita de deuda absolutista. Sin árbitro. O mejor dicho: con un juez que depende de una de las partes
Para entender este trampantojo, que evita despejar la ecuación de la financiación regional, probablemente porque el resultado de la incógnita perjudicaría a la Moncloa en casi todos los frentes salvo en Catalunya, y especialmente en la gran autonomía del Sur, es necesario distinguir entre el problema de fondo –un sistema de financiación injusto, caducado y que castiga a unas regiones al mismo tiempo que privilegia a otras, no necesariamente aquellas con menos renta– y el episodio que el Ejecutivo llama “condonación” de la deuda, que en realidad es una mutualización de los sucesivos excesos de gasto de los gobiernos regionales.
La deuda pública, por supuesto, no va a esfumarse. Simplemente cambia de tenedores. Se amplía así la base social de los deudores sin considerar si lo que se debe está justificado en términos sociales o es consecuencia de la ineficacia. Al margen de estos dos últimos factores –en estos tiempos recordar lo obvio se tiene por descortesía o agresión– el planteamiento del Gobierno sobre la quita está contaminado por una evidente demagogia electoralista.
María Jesús Montero en el congreso del PSOE andaluz en Armilla (Granada) Miguel Angel Molina
La razón es meridiana. Aborda únicamente la parte más secundaria del arcano de los dineros autonómicos –la deuda– evitando discutir sobre el todo –la equidad tributaria y las políticas de cohesión–. Al mismo tiempo eleva a ecuménica una medida pactada entre ERC y el PSC para Catalunya, convertida, dada la extrema debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, en un modelo para todos y que Hacienda pretende extender al conjunto del Estado. No es un método muy distinto a negociar la pax armada en Ucrania sin contar con los ucranianos.
Si creyésemos en los términos que acostumbran a usar los independentistas, cabría decir que el Ejecutivo del PSOE y Sumar da un tratamiento de orden colonial a un asunto estatal, dado que ofrecen a los demás lo que sólo negocia y concede a los independentistas, al margen de si tales decisiones convienen o no al resto de autonomías. Estamos ante una quita de deuda absolutista. Sin árbitro. O mejor dicho: con un juez que depende de una de las partes.
Este planteamiento es especialmente trascendente en el caso de Ի岹ܳí, la única región que por población, tamaño e historia puede actuar como contrapeso ante los privilegios tributarios –llámenlos singularidades, si así lo prefieren– que defienden Junts, ERC y el PSC.
Moreno Bonilla
Cuando algunos pintores colocan un árbol en el centro de un cuadro buscan que quien contemple el lienzo no reconozca el bosque salvo como un mero paisaje. Esto mismo es lo que pretende conseguir la ministra Montero al situar a Ի岹ܳí –con la que desde que llegó al ministerio de Hacienda no ha querido negociar una reforma del sistema de financiación, a pesar de reclamarlo a Rajoy como consejera de Susana Díaz– como la más beneficiada, por delante incluso de Catalunya, en esta polémica operación política.
La estrategia de la vicepresidenta no es nada sofisticada. Para intentar resucitar en Ի岹ܳí, el PSOE necesita recoger la bandera andalucista que los socialistas dejaron tirada en el suelo tras su salida del Quirinale. Y la manera que ha concebido la vicepresidenta es el señuelo de la deuda regional. Un propuesta sin matices, sobre la que no se ha discutido nada con la Junta y que, en términos políticos, equivale a un absoluto trágala. O lo tomas o lo dejas. Sin más.
El objetivo del PSOE es que Moreno Bonilla se vea forzado a elegir entre solicitar dicha medida –validando así la financiación singular catalana y contradiciendo las directrices de Génova– o rechazarla, que es la posición oficial expresada hasta ahora por San Telmo. Se trata de una metodología similar al juego de la mosqueta, donde el estafado tiene que adivinar en qué cubilete está la bolita mágica que el trilero esconde hábilmente dentro de su mano.
Lo cierto es que el PP andaluz tiene difícil la tarea de explicar su oposición al traslado de una parte de la deuda andaluza desde la contabilidad autonómica a la estatal, salvo que sea capaz de ampliar el estrecho campo de visión sobre la financiación planteado por el Gobierno.
De momento, no está sabiendo hacerlo. Mezcla cosas de naturaleza diferente: el déficit de financiación desde 2016 –que suma 36.000 millones de euros– y la cesión de un porcentaje de la deuda ordinaria, que significaría, en caso de que San Telmo aceptase traspasar pasivos por valor de 18.791 millones de euros, reducir la mitad las obligaciones crediticias de la Junta.
En términos contables, el beneficio para Ի岹ܳí de esta operación es indiscutible. Sobre esto no cabe discusión. Tampoco la hay acerca del hecho de que esta medida no resuelve el problema estructural: la infrafinanciación crónica del territorio más poblado de España. A ambas cosas se añade el precio político que habría que pagar y el coste moral de la decisión.
Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz del gobierno andaluz
El PSOE ha diseñado la propuesta sobre la quita pensando únicamente en el primer asunto, pero descuidando el segundo. Grave error. Montero trata de encajonar a Moreno Bonilla en el trance de rechazar lo que, en términos objetivos, no es más que un alivio financiero, aunque no pueda considerarse ni mucho menos una solución acorde a las necesidades y a la población real de Ի岹ܳí, a la que Hacienda no reconoce cerca de 200.000 habitantes del censo.
No importa demasiado. Los socialistas necesitan recuperar terreno en el Sur en el caso de un adelanto de las elecciones generales. Para ellos basta con fabricar un argumentario para agitar el discurso autonomista que abandonaron en 2018. El PP no puede aceptar la oferta de Hacienda porque estaría asumiendo la asimetría tributaria pactada entre el PSC, ERC y Junts.
La financiación singular catalana, en caso de consumarse, puede degenerar en una medida inviable y de duración efímera, haya o no un cambio de Gobierno, si Ի岹ܳí, que lleva años de quebranto financiero porque el criterio de población ajustada no equivale al real, mantiene su oposición y decide ser beligerante con respecto a su implementación. Su posición puede arrastrar al resto de autonomías, tal y como ya sucediera en la década de los ochenta.
Esto explica el interés de Montero de presentar a Ի岹ܳí como la región más beneficiada en una operación que no ha provocado excesivas críticas por parte de los independentistas, a excepción del desmarque táctico de Junts, que obedece a su pugna con los republicanos.
¿Cómo cabe entender esta anomalía? Básicamente porque el impacto coyuntural de la quita estatal es ínfimo para Ի岹ܳí –140 millones menos al año en intereses bancarios– en comparación con el que tendrá sustraer de la caja común estatal la masa tributaria de los contribuyentes catalanes, una medida que para la Junta supondría dejar de percibir 5.000 millones de euros anuales. Catalunya debe el 30,5% de su PIB. Ի岹ܳí sólo adeuda el 18%.
Lo que parece no haber medido bien el PSOE en esta envolvente –y es la baza esencial del PP andaluz, si es que es capaz de explotarla en términos políticos y sociales– es la interpretación moral de la propuesta que abandera la vicepresidenta. La quita de la deuda ha sido formulada como un regalo o una gracia que el Gobierno concede a todas las autonomías. Hubiera sido más inteligente presentarla como resultado de una negociación leal o una conquista simbólica.
El president de la Generalitat, Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat
Que Junqueras comunicase la noticia antes que Montero, y en lugar del presidente de la Generalitat, que es a quien le correspondía, quiere subrayar, de cara a las belicosas parroquias independentistas, que se trata de un logro de ERC, cuya competencia con Junts, a quien inquieta Aliança Catalana, explicaría el rechazo formal de los exconvergentes a la operación.
Para el resto de las autonomías, en cambio, la quita se enuncia como una piadosa concesión del Gobierno. Y, en consecuencia, requiere una petición de los presidentes autonómicos, igual que si se tratase de un rescate financiero. Es similar al “si necesitan ayuda, que la pidan”.
La diferencia no sólo es económica (tratar igual a quienes han gastado de forma divergente es recompensar el endeudamiento). También lo es de trato. Aquello que para unos es un derecho en el caso de Ի岹ܳí se presenta como un favor. El catecismo fiscal de Montero tiene dos defectos. Confunde la justicia tributaria y territorial con dar limosna. Y desprecia la enseñanza del refranero: “Cuando hicieres limosna, no toques bocina ni trompa, que no sea con pompa”.
Nada ofende más a un rico que un mendigo desprecie un gesto de auxilio. Cuando Ի岹ܳí afirma que no quiere ser más –ni menos– que nadie lo que está diciendo es que su autonomía no es objeto de una transacción mercantil. No está en venta. Subastarla equivale a despeñarse.