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Junts pregunta al Gobierno por la protección policial a un delincuente que incriminó a Gonzalo Boye

Operación Mito

Josep Pagès plantea al Ejecutivo por qué se otorga un derecho a un delincuente y se le niega a Puigdemont en Bélgica

L'expresident de la Generalitat y eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, junto con su abogado, Gonzalo Boye, durante una atención a los medios después de conocer la sentencia del TJUE sobre las euroórdenes

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, junto con su abogado, Gonzalo Boye

Albert Cadanet / ACN

El diputado de Junts en el Congreso, Josep Pagès, ha registrado una nueva batería de preguntas al Gobierno sobre el trato que el Ministerio del Interior está dispensando al ciudadano colombiano condenado Manuel Andrés Puentes Saavedra, quien en agosto de 2019 fue puesto en libertad provisional tras prestar declaración incriminando al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en la operación Mito por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y falsedad documental que se está juzgando en la Audiencia Nacional y cuyo principal procesado es el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

En diciembre, Junts per Catalunya ya registró una serie de preguntas dirigidas al Gobierno reclamando explicaciones sobre la concesión y renovación del permiso de residencia a Puentes Saavedra, y preguntando por qué el Gobierno no informó a Colombia de las pruebas que le incriminaban en el asesinato de Santiago Quintero Marín en Colombia en el 2019.

El Ministerio del Interior se ha negado a responder a estas preguntas. “El Gobierno, pese a mantener un respetuoso cumplimiento y pleno sometimiento al control parlamentario, no puede facilitar información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares”, alegó el Ejecutivo.

Ahora Pagès ha registrado nuevas preguntas como las razones que han llevado al Ministerio del Interior a asignarle protección policial, el coste de estas medidas y explicaciones de por qué se le asigna protección policial a un“narcotraficante y presunto asesino” mientras se niega el derecho “que legalmente le corresponde” a su presidente Carles Puigdemont en tanto que expresidente de la Generalitat “en el exilio”.

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