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El pacto entre el PSOE y Junts permitirá a la Generalitat gestionar las expulsiones de los inmigrantes

El traspaso de inmigración

Ambos grupos han registrado la proposición de ley para delegar las competencias en inmigración, según el cual los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos con la Guardia Civil y la Policía Nacional

El pacto entre el PSOE y Junts permitirá a la Generalitat gestionar las expulsiones de los inmigrantes
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Pedro Sánchez y Miriam Nogueras, la semana pasada en el Congreso.

El PSOE y Junts per Catalunya han registrado esta mañana la propuesta de ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. El acuerdo, que se selló ayer, ya es oficial. Ambas formaciones han concretado en un comunicado los detalles de dicho pacto, a través del cual los Mossos gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y “zonas críticas” en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, la Generalitat podrá expedir los documentos de identidad para los extranjeros y gestionará la devolución de los mismos. Esto se traduce en que Catalunya propondrá y será el Estado quien resolverá. La entente entre socialistas y posconvergentes también habilitará que la administración catalana gestione íntegramente los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

Paralelamente, el pacto alcanzado y ya firmado entre el PSOE y JxCat también concreta un incremento de los efectivos de los Mossos d'Esquadra para asumir estas nuevas funciones. En específico, se cifra en 1.800 las plazas adicionales para alcanzar los 26.800 agentes.

Dicha delegación competencial se materializa a través de una proposición de ley orgánica que ahora deberá contar con el apoyo de la mayoría del Congreso para poder sustanciarse. El mecanismo que lo faculta es el artículo 150.2 de la Constitución, que prevé las vías para traspasar o delegar competencias estatales a las administraciones autonómicas.

Para los permisos de residencia, el comunicado de los dos partidos señala a Catalunya como “ventanilla única” para las “autorizaciones de estancias de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración”. En el caso de la expedición de los NIE, será “a partir del registro del Estado”.

En cuanto al control de fronteras, se incluye la presencia de los Mossos: “Actuarán, con la finalidad de cumplir las competencias de esta ley, siempre en coordinación con la resta de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Sobre la transferencia de la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (en los que se incluye la resolución y ejecución), se podrá “instruir y ejecutar expulsiones que no requieran expediente”, pero aquellas en las que sí que sea necesario “se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión” que formule la Generalitat, “previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya” -en la que están los cuerpos nacionales-.

Otros aspectos de la proposición de ley tienen que ver con la contratación en origen -se permitirá a Catalunya determinar “los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros”- y los Mossos “ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos”.

El comunicado que han difundido el PSOE y Junts manifiesta que esta delegación de competencias hará que “Catalunya pueda desarrollar un modelo propio, una política integral, porque en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado”.

“Esta ley podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración al país, incluida la integración lingüística, basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso”, destacan.

La retirada de la votación sobre la cuestión de confianza por parte de los posconvergentes la semana pasada ha permitido instalar un cierto deshielo en las relaciones entre ambas formaciones y ello ha permitido desencallar un acuerdo que tenía que llegar a finales de año, pero que estaba enquistado en el control de las fronteras, la expedición de los NIE o la apertura de expedientes de expulsión. Tras la entente, los dos partidos coinciden en que “supone un paso muy significativo en el método y el sentido político” que inspira el acuerdo de noviembre de 2023 en Bruselas para investir a Pedro Sánchez.

“La desconfianza ha disminuido”

Puigdemont reivindica el acuerdo: “Estaremos más preparados para el futuro como nación”

En una rueda de prensa para detallar el acuerdo, el presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha defendido el pacto porque “el sistema político e institucional catalán gestionará una competencia que ejercen los estados”. Con esta delegación, Puigdemont considera que Catalunya “estará más preparada para el futuro como nación”.

El dirigente posconvergente ha indicado que han cerrado el acuerdo “desde la oposición” y que así lo seguirán haciendo en otros aspectos como el techo de gasto o en la financiación. El expresident de la Generalitat ha subrayado que la cuestión migratoria es “de extrema importancia para el futuro del país” y que llega en un “momento clave”: “Sin inmigración no hay progreso, pero también sabemos que sin integración no hay nación. Con el actual modelo de gestión no se podían garantizar ambas cosas”.

Tras el acuerdo, Puigdemont ha insistido en que habrá cosas que se tendrán que hacer “muy bien” para aprovechar las “herramientas” que incluye la delegación de competencias: “Hay una amenaza de violencia y radicalización religiosa en Europa, y por otro lado aumentan los postulados xenófobos o racistas que nos obligan a hacer cambios en la gestión del fenómeno migratorio para asegurar el modelo de vida y el progreso social y económico”.

En cuanto a los efectos que tiene esta entente en la relación entre el PSOE y Junts, Carles Puigdemont ha señalado que justamente se dotaron de un mecanismo de verificación internacional para que “ayudara a encontrar situaciones en momentos de bloqueo”. “Para nosotros esta ley se podría haber cerrado mucho antes, pero topábamos con un muro y al final creo que se ha entendido el objetivo”, ha manifestado.

Por ello, el presidente de JxCat cree que “la desconfianza ha ido disminuyendo” pero ha descartado que esto implique entrar en una negociación presupuestaria: “Todo lo que sea cumplir hará que aumente la confianza. Hoy es un paso importante en esta dirección y lo quiero subrayar. Pero hay otras carpetas en números rojos y cada cosa tiene su negociación. No mezclemos cosas”.

Sobre la negativa de Podemos a aprobar esta ley, el dirigente posconvergente les ha instado a “leerse bien” la proposición y les ha abierto la puerta a negociar enmiendas: “Si la quieren mejorar encantados. Eso sí, lo que suponga perder soberanía o recortes a lo alcanzado, no”. Puigdemont ha confesado que estaría “sorprendido” de que la posición del partido dirigido por Ione Belarra “fuera la misma que la de PP o Vox”.

Durante la comparecencia también ha hablado Jordi Turull, secretario general de Junts, que ha defendido la decisión de retirar la cuestión de confianza: “Pese al desgaste y la incomprensión que pudo suponer, hoy vemos que no fue errónea”. Para Turull, esta ley permitirá “dotarse de las herramientas necesarias para hacer frente a uno de los principales retos del país, el demográfico”. Eso sí, ha advertido que estas competencias solo estarán bien gestionadas “si se actúa con mentalidad de estado”. Además, sostiene que el pacto sellado “nos echa del café para todos porque fortalece la soberanía y el reconocimiento nacional de Catalunya”.

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