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Los sindicatos policiales rechazan el acuerdo PSOE-Junts y exigen la dimisión de Marlaska

El traspaso de inmigración

El ministro del Interiorsuspende temporalmente su agenda de actos públicos por un problema de salud

Varias personas durante una concentración, frente a la Delegación del Gobierno de Cataluña, a 11 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La concentración, convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), protesta contra la transferencia de competencias en inmigración y fronteras a los Mossos d’Esquadra que actualmente está negociando Junts con el Gobierno.

Concentración convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), contra la transferencia de competencias en inmigración y fronteras a los Mossos d’Esquadra q

Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Los principales sindicatos y asociaciones policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil han rechazado el acuerdo anunciado este martes entre el PSOE y Junts para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, al suponer una “vulneración flagrante de la Constitución” y un “mercadeo político”, y han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienha suspendido temporalmente su agenda de actos públicos por un problema de salud. El ministro sufre una infección bacteriana que no reviste gravedad pero que le obliga a suspender su actividad pública, según ha informado del Departamento de Interior.

Por este motivo, el ministro no ha acudido esta mañana a las jornadas convocadas por la Guardia Civil sobre mujeres al frente de la lucha contra el narcotráfico ni a la reunión del JAI convocado mañana en Bruselas . Le sustituye el secretario de Estado de seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

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El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha tildado de “bochorno” y “esperpento” que el el Gobierno vaya a ceder las competencias propias de extranjería y fronteras a los Mossos d’Esquadra al entender que son “competencias blindadas constitucionalmente muy sensibles y estratégicas de cualquier Estado”. Por ello, ha anunciado que el sindicato ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos para “intentar revertir esta situación lo antes posible”. Asimismo, ha exigido la dimisión de Marlaska como máximo responsable de política interior del Gobierno.

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha anunciado queseguirá plantando cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo “la escandalosa e ilegal” transferencia de competencias de Policía Nacional a los Mossos. “La seguridad de la población no puede formar parte de ningún cambalache a cambio de apoyos políticos”, ha denunciado el SUP en un comunicado, en el que ha advertido que “seguir esta hoja de ruta diseñada por los independentistas de Junts per Cat (…) resulta indignante y es manifiestamente ilegal ya que vulnera diferentes leyes desde la Constitución a la Ley de Extranjería pasando por la normativa común europea en varias materias y especialmente en lo concerniente a seguridad, extranjería y control de fronteras”. Así para el SUP, la propuesta es “totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo”.

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Desde el sindicato mayoritario no hablan de dimisiones pero van más allá y amenazan con “sentar en el banquillo” a los responsables políticos “de confirmarse los extremos del acuerdo” que se están conociendo para “salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública”. “Estamos decididos a llevar este asunto hasta el final”, señala el SUP para concluir que “estamos aquí para servir y proteger también a los catalanes, a los que nos quieren y a los que no”.

Para la Confederación Española de Policía (CEP) el acuerdo constituye “un golpe mortal” para los cometidos que la Policía Nacional desarrolla en catalunya y sitúa a Grande-Marlaska como el primero de los quince titulares de ese departamento que “va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo por los sucesivos Gobiernos de nuestra democracia”. Para el CEP, Marlaska a quien acusan de ser “incapaz de frenar esta nueva embestida del independentismo catalán” hacia las competencias exclusivas de la Policía Nacional “debería presentar su dimisión hoy mismo”.

A juicio del CEP, la incorporación de los Mossos en la seguridad de puertos, aeropuertos, fronteras y CIE “no obedece a un análisis de necesidades operativas o de un pacto de Estado para la modificación del modelo de seguridad pública de nuestro país”. “Al contrario –señalan- está relacionada con la aritmética parlamentaria y con el permanente chantaje competencial que los independentistas catalanes imponen en todas sus negociaciones”.

El CEP considera que “roza lo patológico” la “obsesión” de de los independentistas con “expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Catalunya” y, a su juicio, demuestra que “la seguridad de los catalanes es lo de menos”.

Respecto al ministro del Interior, la CEP asegura que “no le queda otra opción que dimitir” por “dignidad y coherencia” aunque da por hecho que no lo hará.Asimismo hacen un llamamiento al conjunto de partidos para que planteen en cuanto se apruebe la ley un recurso de inconstitucionalidad.

Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, considera que este acuerdo responde a “una estrategia planificada para desmantelar la presencia de este cuerpo de seguridad del Estado en Catalunya” y asegura que seguirá defendiendo su competencia sobre el resguardo fiscal del Estado, al tiempo que denuncia la “opacidad” tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto.

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado de “mercadeo político” la cesión de competencias y ha advertido de que esta medida “choca frontalemente” con el margo legal vigente.

Desde la asociación de suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) lamentan que se trata de un paso más en el desmantelamiento del Estado español en Catalunya y advierten de que acudirán a los tribunales para defender estas competencias exclusivas de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad.

La Asociación PRO Guardia Civil (Aprogc) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el control de las fronteras españolas sea cedido, puesto que la protección de las fronteras no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino también un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado.

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