El acuerdo entre PSOE y Junts anunciado este martes para la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat ya ha puesto en guardia al Partido Popular que ya lo está analizando para llevarlo al Tribunal Constitucional al considerar que la inmigración es una materia de exclusiva competencia del Estado y por lo tanto intransferible.Así lo han dado a entender tanto el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, como la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como primeras reacciones al anuncio efectuado esta mañana por socialistas y posconvergentes.
Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “profundizar en la desigualdad de los españoles” y en “seguir desmantelando el Estado en Catalunya”.Desde el Mobile World Congress en Barcelona, Feijóo ha insistido en que las competencias de inmigración son ”exclusivas“ del Estado y ha reprochado al jefe del Ejecutivo de someter a España a una “humillación doble” y ”sin precedentes“ en la medida que las competencias del Estado español “se han negociado en Bruselas” entre el Gobierno de España y el presidente de Junts ”que tiene cuentas pendientes con la justicia española".
Por este motivo, el líder popular ha tildado a Sánchez de “florero” que “lo pone y quita el independentismo de Junts” y ha adelantado que cuando el PP llegue al gobierno restablecerá las competencias. En cualquier caso, Feijóo también ha adelantado que cuando el PP disponga del texto de la proposición de ley lo estudiará con “absoluta intensidad”.
“Es un acuerdo que vulnera nuestro marco constitucional, no se puede transferir una competencia que tiene que ser exclusiva del Estado”, ha advertido en este sentido Gamarra a los periodistasantes de un desayuno informativo con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, organizado por Fórum Europa en Madrid. “Los servicios jurídicos del Partido Popular ya están en ello y en cuanto sea público lo empezaremos a analizar”. ha indicado la número dos del PP.
Gamarra ha aprovechado para cargar contra el Gobierno por ceder lo que, a su juicio, no puede ceder al independentismo. “Un gobierno que debería estar aplicando y ejerciendo unas competencias exclusivas del Estado como son las del control de la inmigración en las fronteras de nuestro país lo que se está dedicando Pedro Sánchez es a ser un pelele absoluto del separatismo y a cederle aquello que no tiene capacidad de ceder en vez de ejercer la competencia que debería estar ejerciendo”.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado el pacto del PSOE “con lo que llamaba extrema derecha xenófoba catalana” que, a su juicio supondrá “triplicar la plantilla” de los Mossos “a modo de una (policía) nacional como si fuera nuevo ejército”. Además ha considerado que eso se hace “al margen de la ley que está siendo retorcida desde el proceso catalán”.
El presidente de Ceuta rechaza el modelo pactado para la ciudad autónoma
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, preguntado por bet365, ha rechazado que el modelo de control de fronteras pactado para Catalunya por el PSOE y Junts pueda tener una aplicación válida para la ciudad autónoma. En este sentido, Vivas ha abogado por una política de Estado: “Todo lo que no sea caminar hacia ahí es una equivocación”, ha señalado con respecto a la posibilidad de gestionar la expulsión de inmigrantes irregulares. Incluso ha llegado a plantearse una devolución de competencias para que sea el Estado el que se responsabilice de la situación límite a la que se ha llegado con la presencia de menores no acompañados que, como en Canarias, han desbordado la capacidad de los centros de acogida.
Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha acusado al “sanchismo” de responder “a cada extorsión con una cesión y a cada ultimátum con una concesión”. En su cuenta de X la dirigente popular ha concluido que el “resultado” de todo ello es el “borrado de España en Catalunya, incumplimientos constitucionales flagrantes y ciudadanos que son cada día menos iguales y menos libres”.
El PSOE y Junts han registrado esta mañana la propuesta de ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat y que permitirá entre otras cuestiones que la administración catalana gestione la expedición de los documentos de identidad para los extranjeros, la devolución de los mismos, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y a través de los Mossos el control de fronteras y la seguridad de puertos, aeropuertos y “zonas críticas” en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.