Aragón ya dijo que no pensaba colaborar con el reparto de menores migrantes no acompañados y está cumpliendo su palabra. Superado a medianoche el plazo que dio el Gobierno central a las autonomías para remitir las cifras sobre el número de menores que acogen y las plazas que tienen en sus territorios, el Ejecutivo aragonés ha sido el único de toda España que no lo ha hecho, alegando que están a la espera de que se resuelva su petición de medidas cautelares contra esta medida.
El presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, anunció el pasado viernes ante las Cortes que su Gobierno había presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud a las comunidades autónomas para que proporcionen datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados que atienden. Una iniciativa que acompañaron de la petición de medidas cautelares contra esta medida.
Este martes, el Gobierno aragonés ha informado de la admisión a trámite del contencioso administrativo. Según comunicaron, el tribunal ha acordado “la apertura de una pieza para resolver sobre la solicitud de suspensión del requerimiento estatal formulada por los servicios jurídicos” de Aragón.
Ahora, ante la falta de información actualizada, el Ministerio podría recurrir a los últimos datos oficiales aportados por Aragón: a 31 de enero de este año, la comunidad dijo tener 104 plazas disponibles y 197 menores atendidos, lo que implica una saturación del 189%. Sin embargo, con los datos objetivos de reparto fijados por el Ministerio, la comunidad debería contar con una capacidad ordinaria de unas 400 plazas.
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En enero, Aragón decía tener 104 plazas y atender a 197 menores migrantes no acompañados
Para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernándo Beltrán, la actitud del Ejecutivo regional es “bochornosa” y una forma “sonrojante” de abordar el problema, por lo que le instó a sentarse a negociar y notificar “sus dificultades o potencialidades”.
“Pero para eso necesita poner encima de la mesa la información, declarar una situación de saturación -o no saturación- y reclamar contra los criterios puestos encima de la mesa por parte del Ministerio”, añadió durante una entrevista en Radio Zaragoza (Cadena SER).
El debate llega tras la aprobación hace dos semanas de un Real Decreto Ley para establecer un mecanismo automático y obligatorio de reparto de menores migrantes cuando alguna comunidad – en este caso Canarias, donde hay más de 4.000 menores migrantes no acompañados- se encuentre en situación de emergencia por la saturación de sus centros de acogida.
Aunque rechazan el decreto y planean recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, el resto de comunidades lideradas por el PP han cumplido con el plazo dado por el Gobierno y presentaron las cifras, alegando en su mayoría una sobreocupación de las plazas.