Por la vía de los hechos y de las palabras, el president Salvador Illa está alineando en torno a la gestión del Govern un frente mayor que el que dibujaba el pacto de investidura -con ERC y Comuns- hasta el punto de atraer, aunque sea eventualmente, al cuarto grupo de izquierdas de la Cámara, la CUP, en la respuesta ante retos como el de la vivienda y la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Al otro lado quedan las fuerzas de derechas y extrema derecha, que por omisión del asunto o por sus recetas, alejadas de la protección que propone Europa, como en la crisis de la covid, apuestan por el choque en lugar de por la mano tendida.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament.
Esta sintonía del president con los grupos de izquierdas se vio este miércoles durante la sesión de control del Parlament, espoleada por el acuerdo sobre el decreto de vivienda y urbanismo al que se llegó el martes y que todos los implicados, también el jefe del Ejecutivo, valoraron positivamente. Y luego con la aprobación del decreto de medidas para agilizar la contratación pública -con los votos del PSC, ERC y Comuns y la abstención de la CUP-, sin que se abriera la posibilidad de tratarlo como proyecto de ley.
En la sesión plenaria, Illa mostró su voluntad de configurar una respuesta a la guerra arancelaria “complementaria” a la que dé el Gobierno de España y la UE, basada en los mismos principios de gasto en que se basó la respuesta a la pandemia y aceptando propuestas de ERC, Comuns y la CUP, como el refuerzo y la ampliación de las delegaciones de Catalunya en el exterior con fines comerciales, el mantenimiento de los puestos de trabajo o la configuración de un nuevo pacto nacional por la industria.
ERC y Comuns reclaman a Illa “ambición política” y emular la respuesta a la crisis de la covid
“Al Govern no le temblarán las piernas a la hora de desplegar las medidas que haga falta. Lo haremos con prudencia, con medidas complementarias a las de la UE y no siendo redundantes con las medidas que adopte el Gobierno. Hay que reforzar las delegaciones en el exterior”, admitió el president en respuesta a la demanda de ERC de “asegurar la soberanía económica de Catalunya” en el marco de esta crisis arancelaria.
La portavoz republicana, Ester Capella, reclamó al president “ambición política”, que “no supedite la soberanía de Catalunya al BOE y a Madrid” y remarcó la necesidad de nombrar ya un nuevo delegado del Govern en EE.UU. que está vacante desde hace meses. Además, la republicana reclamó “políticas de estímulo como las de la crisis de la covid, pero diseñadas desde Catalunya”.
Illa agradece la disposición de los grupos y promete "lo que haga falta” para minimizar la afectación de la guerra comercial
Por su parte, el portavoz de los Comuns, David Cid, demandó al president liderazgo bajo tres compromisos, que todas las ayudas estén condicionadas a mantener los puestos de trabajo, de manera que “Trump no puede costarnos ni un solo puesto de trabajo”; apostar por las energías renovables y acelerar el pacto nacional por la industria. Además, Cid aprovechó para reclamar al president que acelere la negociación del suplemento de crédito de 1.800 millones que resta por aprobar. “Convoque de una vez por todas la negociación y aprobémoslo”, animó.
En su respuesta, Illa agradeció la disposición de los grupos y se mostró abierto a "lo que haga falta” para que la guerra comercial afecte lo mínimo posible a las empresas y trabajadores de Catalunya. El president secundó el símil futbolístico de Cid: “El dinero, en el campo. Asumí este compromiso en empleo ante los sindicatos, estamos haciendo una apuesta por las renovables y estamos al lado de los sectores que más lo necesitan. La respuesta es acertada, por prudente pero también por expresión de determinación”, zanjó Illa.
Junts exige el cese de Paneque pero Illa cierra filas en torno a ella y su gestión
También en respuesta a la diputada anticapitalista Laure Vega, el president dejó clara su posición a favor del comercio internacional y de Europa y de defender “nuestro modelo productivo”, para lo que “la manera correcta de responder es la de la crisis de la covid”. Pero también se mostró dispuesto a atender las sugerencias de la CUP “para responder con máxima contundencia a esta situación”.
Frente a esta sintonía con los socios de investidura y la CUP, el president y Junts volvieron a chocar por la gestión de Rodalies, que provocó que el Parlament aprobara una petición de cese de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El presidente del grupo posconvergente, Albert Batet, reclamó que se haga efectivo el cese “por su incompetencia”, pero Illa cerró filas con la consellera al asegurar que tiene toda su confianza y que “está haciendo un buen trabajo”, sobre todo después de lograr que se apruebe el decreto de vivienda, que admitirá modificaciones, puesto que se tramitará como proyecto de ley, con lo que se abre la puerta a enmiendas. “Es el primer gran acuerdo de las fuerzas progresistas en mucho tiempo. No resuelve de manera inmediata el problema, pero abre un camino”, se felicitó en la Cámara catalana la consellera Paneque.
El alquiler de temporada
A grandes rasgos, en el acuerdo suscrito por el PSC, ERC, Comuns y la CUP el martes, que ha permitido que se convalide el decreto en el Parlament, se designa al dedillo qué es un arrendamiento temporal y qué es un alquiler de habitaciones, y se condicionan ambas. Así, básicamente se define como alquiler de vivienda permanente todo aquel que satisfaga “la necesidad de vivienda, con independencia de su duración”. En cambio, si es para usos recreativos, turismo o para periodos vacacionales, no serán considerados como tal y deberá hacerse constar expresamente en el contrato. “Se presume que el arrendamiento tiene una finalidad de vivienda permanente si en el registro correspondiente no consta acreditado un uso diferente del de vivienda”, dice el acuerdo firmado por las cuatro formaciones políticas.
Además, todos aquellos alquileres temporales por razones profesionales o laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o por otros usos parecidos deberán estar sujetos a las normas de arrendamientos ya aprobadas. Esto incluye, por ejemplo, la limitación de precios, o la asunción de gastos generales.
También el alquiler de habitaciones queda regulado. El acuerdo especifica, entre otros aspectos, que la suma de las rentas pactadas en varios contratos de arrendamiento de vigencia simultánea de una vivienda ubicada en una zona de mercado tensionada “no puede ultrapasar” el precio máximo que se aplicaría si toda la vivienda hubiera sido alquilada unitariamente, es decir, sin fraccionarla.
Durante el debate sobre el decreto de vivienda, Ester Capella, portavoz de Esquerra, celebró que este acuerdo sea “un salto hacia adelante” en vivienda, que es “el gran reto del siglo XXI”. Susanna Segovia, de los Comuns, también sostuvo que el pacto permite “blindar el derecho a la vivienda”; mientras que Laure Vega (CUP) aseguró que tendrán “la misma diligencia que han tenido los equipos negociadores estos días para garantizar que se cumpla la norma”.
Junts criticó que el Executiu “gobierne a golpe de decreto”. Salvador Vergés reprochó que con el decreto se está “barcelonizando la vivienda” porque “incorpora medidas que para otros municipios no tienen sentido” y lamentó que con la norma “se cargan la ley de arquitectura”. El PP tampoco votó favorablemente al decreto porque, a su juicio, la política “restrictiva y de alquileres protegidos no ha demostrado ser efectiva”.