La jueza instructora del caso de la dana volvió ayer a golpear el relato de la Generalitat Valenciana sobre la gestión realizada el día 29 al afirmar que el Consell de Carlos Mazón “no supo alertar” a la población. Esta conclusión forma parte de la respuesta de la magistrada, conocida ayer, a la petición de una de las acusaciones populares, la ejercida por la Asociación Liberum, de indagar si el presidente del Gobierno convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional tras la catástrofe. En un duro auto, Nuria Ruiz Tobarra descarta dirigir la investigación hacia el Gobierno de España y vuelve a insistir en que la obligación de alertar y proteger a la población era “competencia exclusiva” de la Generalitat Valenciana que, según relata, no supo hacerlo. En el texto, subraya que “el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la administración autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido”.
Considera también que esta cuestión, la de que el Gobierno convocara la Seguridad Nacional, está fuera del proceso penal y “carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y las lesiones” porque, insiste, la competencia en material de Protección Civil la confiere el Estatuto de Autonomía en exclusiva a la Generalitat Valenciana. La magistrada recuerda que es el Consell “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias, así lo establece la ley de 2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias”. Y que a la Conselleria competente en materia de protección civil “le corresponde ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil”. Por ello aclara a las partes que las pruebas que soliciten “deben de centrarse en el referido nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados (que son Salomé Pradas y Emilio Argüeso), su posición de garantes y los fallecimientos”.
El president afirma que “es un bulo” que estuviera incomunicado durante el día 29
Para la jueza la declaración de emergencia nacional “ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados, como consellera y secretario autonómico”. Existió, añade, consenso a nivel autonómico y central “en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores”. En este punto puntualiza que esa declaración “no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”.
Pero el auto va más allá y apunta directamente a Carlos Mazón. Porque recuerda que el presidente de la Generalitat tenía competencias para declarar la situación de emergencia catastrófica y tampoco lo hizo, ni siquiera ante “la situación que se desencadenó a posteriori, cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos, las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, las calles de alguna poblaciones acumulaban tal número de coches que las personas no podían circular por ellas, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda”. Y reprocha a esta acusación “la reiteración en la atribución de responsabilidades a quien comparece como testigo”, en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
La izquierda afirma que Pradas habló con Mazón un minuto antes la alerta para buscar su aprobación
Antes de conocerse este auto, Carlos Mazón defendió ayer que “es un bulo que estuviera incomunicado, no solo no estaba ilocalizado sino que estaba perfectamente comunicado con quien me quiso llamar”. Respondía así a las preguntas acerca de aquellas dos ocasiones (19.10 y 19.36 horas) en las que el dirigente popular no atendió las dos llamadas que realizó Salomé Pradas, que minutos antes había sido alertada por la delegada del Gobierno del Gobierno del desbordamiento del barranco a su paso por Paiporta y de que comenzaban a aparecer cadáveres en las aguas. Eran los momentos más tensos en el Cecopi y la comunicación con el president era complicada.
Otro aspecto polémico debatido ayer fue el hecho de que Pradas hablara a las 20.10 horas del día 29 con el president, justo un minuto antes de lanzar la alerta. Hasta este martes, de esa llamada no se supo nada –ha sido la documentación entregada por Pradas a la jueza la que lo ha sacado a la luz–. Una circunstancia que tanto la secretaria general del PSPV, Diana Morant, como el portavoz de dzdzí en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, entienden que no fue casual. Muy clara fue ayer la ministra que dio a entender que fue Mazón quién validó el envío definitivo del mensaje. Para Morant, esta llamada de las 20.10 “condicionó absolutamente” el envío de la alerta. Desde la Generalitat Valenciana se negó esta posibilidad, que vincularía al president en el proceso de toma de decisión que está investigando la jueza instructora y favorecería en un futuro su imputación. Fuentes del entorno de Mazón explicaron que “como puede acreditar cualquier técnico y todos los miembros y asistentes al Cecopi, el envío del sistema ES-Alert no se articuló (ni muchísimo menos) en un minuto”. Y añaden que a pesar de que la orden ya estaba dada, a las 20.00 y tras la llamada del secretario de Estado de Medioambiente “Pradas acude expresamente a la sala donde están los técnicos enviándolo para urgirles a acelerar el proceso al máximo porque le acababan de comunicar que la presa de Forata podía colapsar”.
El presidente de la Diputación cambia de versión
El intento de Presidencia de desvincular totalmente a Carlos Mazón del envío del Es-Alert choca con las declaraciones que en diciembre, en el programa Salvados, hizo el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, señalando que en las conversaciones con el jefe del Consell se habló de detalles de la alerta. Ante esta circunstancia, Mompó tuvo que salir ayer a aclarar en redes sociales que lo que dijo en la televisión no implica que el presidente de la Generalitat tuviera capacidad operativa o participara en decisiones sobre el envío de la alerta.
El testimonio de Mompó, que está citado a declarar como testigo (con la obligación de decir la verdad) en sede judicial el próximo 29 de abril debe servir para aclarar el contenido de las conversaciones que ambos dirigentes mantuvieron el día de la dana.
De ese día, y tras revisar el registro de llamadas entregado por Pradas a la jueza, también llama la atención de que la titular de Emergencias no hablara con el presidente hasta las 17.37 horas, cuando por ejemplo, ya hacia dos horas que se había pedido que se activara la UME en Utiel-Requena.