A falta de conocer el reparto definitivo de los 4.400 niños y niñas que malviven hacinados en Canarias en un contexto de “castigos excesivos” y “falta de inspecciones”, según denunció Amnistía Internacional, la FEPA - red de entidades para la emancipación juvenil ha presentado este martes su informe anual sobre la situación de los menores tutelados y extutelados en Catalunya.
Casi la mitad de los jóvenes (42,4%) trabaja, y uno de cada cinco (22,1%) compagina el trabajo con los estudios, un porcentaje superior a la media española, que se sitúa en el 15,3%, según datos del Ministerio de Trabajo. Los datos dejan clara una cosa: “Si estas personas realmente tienen los apoyos necesarios, los aprovechan”, así lo expresa Jordi Sàlvia, director de la federación que aglutina entidades que acompañan a la juventud extutelada.
El informe, elaborado con una muestra de más de 3.100 jóvenes nacionales y de origen extranjero y entre los 16 y los 25 años, revela también que el 46,9% se dedica exclusivamente a estudiar. “La mayoría de jóvenes que trabajan y estudian simultáneamente lo hacen para ayudar económicamente en casa, pagarse los estudios o disponer de dinero propio. Si la juventud extutelada lo hace en mayor proporción es para poder ahorrar y afrontar una emancipación precoz y forzada”.
De hecho, los jóvenes españoles abandonan la casa de sus padres, de media, a los 30,3 años, una cifra que contrasta con la de la juventud extutelada, que se ve obligada a hacerlo entre los 21 y 23 años. Al cumplir la mayoría de edad, los menores que han estado en el sistema de protección pierden la tutela administrativa. No obstante, Catalunya cuenta con un programa para apoyar la emancipación y autonomía de los jóvenes en su transición a la vida adulta.
Una prestación ligada a un plan de emancipación
El Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofrece recursos de apoyo a la emancipación de jóvenes, entre los 16 y los 23 atendidos por la DGAIA, que incluyen prestaciones de carácter personal, habitacional, formativo/laboral, jurídico, así como económico. Para poder beneficiarse de este plan de emancipación deben residir legalmente en Catalunya, sufrir una situación de necesidad acreditada y seguir el plan individual de trabajo.
La prestación económica que reciben es de 778,49 € al mes y su duración depende del tiempo que la persona haya estado tutelada. Si ha estado menos de un año, la ayuda se concede por 12 meses. Si ha estado más de un año, podrá recibirla hasta los 23 años. No obstante, si el joven trabaja y sus ingresos, más los de la prestación, superan 1,5 veces este importe, dejan de percibirla.
Esta emancipación precoz lleva a los jóvenes a priorizar su incorporación al mercado laboral, influyendo incluso en su elección de estudios. En 2023, el 68,8% optó por itinerarios de formación profesional para acceder antes al mercado laboral. Jordi Sàlvia celebra su desarrollo laboral, aunque desearía que “el nivel formativo fuera similar al del resto de la población general”. “Ahora mismo solo el 4% de los extutelados estudia en la universidad”.
El impacto de la reforma de Extranjería
La aprobación de la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería facilitó, en 2021, la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros al cumplir los 18 años y así evitar la irregularidad sobrevenida. Sàlvia califica el impacto de “brutal”: “El incremento de personas trabajando es también debido a que muchas pueden hacerlo, cosa que antes no podían”.
Uno de los ejemplos es Rachid, que este medio entrevistó el verano pasado. Este joven marroquí, con 20 años, compaginaba estudios y trabajo, y no recibía ninguna prestación al lograr un contrato de jornada completa. Con los resultados de esta encuesta, vemos que su caso no es la excepción.
Al contrario de lo que ciertos discursos sugieren, su principal fuente de ingresos es el trabajo (33,7%), seguido de las ayudas económicas que reciben de las entidades y, en tercer lugar, las prestaciones específicas para extutelados (27,6%).