La compra por parte de la Guardia Civil de 15 millones de balas a la empresa israelí Guardian Homeland Security S.A., que en octubre del pasado año el Ministerio del Interior defendió haber frustrado porque el Gobierno “no adquiría armamento al Estado de Israel”, finalmente se llevará a cabo.
La decisión de Interior ha provocado una crisis con pocos precedentes en el Gobierno. Izquierda Unida ha planteado una eventual salida de Sumar del Ejecutivo si el Ministerio no rectifica de inmediato la adquisición. Más moderada pero igualmente contundente la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz ha reclamado la rectificación y la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Congreso
No obstante, esta tarde, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha matizado que la integridad del Gobierno “no está en riego” pero ha advertido que el contrato puede ser suspendido atendiendo a las condenas de Tribunal Penal internacional contra las autoridades israelíes.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reculado después de que la Abogacía del Estado le advirtiese de que la rescisión del contrato podría acarrear una importante indemnización a la empresa que proveerá a España la munición valorada en 6, 6 millones de euros.
Interior inició, a finales de octubre, el procedimiento para rescindir la adjudicación del contrato por el que se compraba a una empresa israelí una partida de 15,3 millones de balas de calibre 9 milímetros Parabelum para la Guardia Civil por 6,6 millones de euros, tal y como difundió el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a través de un comunicado. Dicho contrato fue licitado el 21 de febrero de 2024, con firma del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
La adjudicación se realizó el 21 de octubre de 2024, y dos de los tres lotes contratados correspondieron a la empresa Guardian Defense & Homeland Security SA. En aquel comunicado, Interior defendía que el Gobierno mantenía el compromiso de no vender o compara armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en territorio de Gaza. Además, aseguraba que otras empresas israelíes serían excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en aquellos momentos tramitaba la Dirección de la Guardia Civil.
Interior, durante estos seis meses, tal y como ha avanzado la Cadena Ser, ha estudiado diferentes opciones pero finalmente ha optado por no anular el contrato adjudicado a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, valorado en 6.642.900 de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm. Dicho contrato se cerró el pasado 16 de abril, en plena Semana Santa.
Fuentes del Ministerio del Interior explican a bet365 que el compromiso de no adquirir armamento a Israel por parte del Gobierno es un pronunciamiento político que no está plasmado en ningún documento jurídico que pudiese servir para anular por completo un contrato. La Abogacia del Estado, a través de una comunicación verbal, advirtió que de esta forma era “inviable” rescindir el contrato, que la única opción sería pagar pero no recibir la munición. En esa testitura, la Guardia Civil decidió seguir adelante con la compra.
La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil formalizó la compra con la empresa israelí IMI SYSTEMS LTD, que figura como adjudicataria, y con la empresa israelí Guardian Homeland Security S.A, que figura como representante, aunque las dos compañías israelíes comparten NIF. Así, esta empresa ha logrado llevarse dos de los tres lotes que se ofertaban. El primero, por 4.464.900 de euros para el suministro de balas 9x19 mm PB y el segundo, otros 2.178.000 de euros para cartuchería 9x19 mm semiblindada.
Yolanda Díaz rechaza el contrato y pide su inmediata rectificación
Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que está esta mañana en Barcelona ha pedido “la rectificación inmediata del contrato”. Díaz ha afirmado que “es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino”. La vicepresidenta, en una petición absolutamente inusual entre socios del Gobierno, ha pedido “la comparecencia inmediata del ministro del Interior”