La ٱԲó de la política migratoria se ha convertido en la práctica de moda. La idea de deportar a inmigrantes irregulares a terceros países la arrancó en el 2023 el Gobierno tory del Reino Unido, con un acuerdo con Ruanda que los laboristas anularon después; la empezó a aplicar, no sin dificultades, al año siguiente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la secundó doctrinalmente más tarde el conjunto de la Unión Europea, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la está ejecutando con la brutalidad y total falta de respeto a las leyes y a los tribunales que le caracteriza. La imagen de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, posando en El Salvador ante una celda repleta de presos supuestamente pertenecientes a las maras centroamericanas, dio el tono de lo que cabe esperar a partir de ahora.
A día de hoy, unos 200 inmigrantes irregulares -la mayoría, sin hechos delictivos demostrados en su haber- han sido deportados por Washington a El Salvador, donde han sido encerrados en las cárceles de alta seguridad del expeditivo presidente Nayib Bukele. La inflexibilidad del procedimiento ha conducido a errores flagrantes, como la expulsión equivocada del salvadoreño Kilmar Abrego García, a quien ni el Tribunal Supremo -que ha ordenado su retorno a EE.UU.- parece poder salvar.
Un dirigente conservador francés propone deportar a los inmigrantes a una isla junto a Terranova
La vía salvadoreña suscita adeptos a este lado del Atlántico. Así, el político conservador francés Laurent Wauquiez, que aspira a dirigir el partido Los Republicanos en dura competencia con el ministro del Interior, Bruno Retailleau -ambos, del ala dura del partido-, se descolgó la semana pasada con la propuesta de encerrar a aquellos inmigrantes con una orden de expulsión que sean considerados peligrosos en Saint-Pierre-et-Miquelon, una isla francesa situada frente a las costas canadienses de Terranova, a 4.600 kilómetros de Francia. Una idea que evoca históricos presidios de ultramar como el de Cayena, en la Guyana francesa, célebre por la novela Papillon, y que ha levantado ampollas en aquel alejado territorio francés.
Sin llegar a tales extremos, lo que sí avanza en Europa es el concepto. Se trata de alejar el problema, expulsarlo del territorio, tanto como medida de disuasión (cara al exterior) como de diversión (hacia el interior). Ojos que no ven, corazón que no siente.
El Gobierno italiano de Giorgia Meloni, después de haber recibido repetidas desautorizaciones por parte de la justicia, envió el pasado día 11 un nuevo grupo de 40 inmigrantes al centro de retención de Gjader, construido por Italia en la costa de Albania para albergar a inmigrantes irregulares. Con una diferencia: esta vez, en lugar de personas interceptadas en el mar y pendientes de tramitar sus solicitudes de asilo, eran personas con una orden de expulsión firme. La Justicia italiana había rechazado el primer planteamiento, considerándolo ilegal, y trasladado el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya sentencia se espera el próximo mes de junio. Para sortear este bloqueo, Meloni aprobó en marzo un decreto para reorientar la función de este centro, reclasificado como Centro de Espera para la Repatriación (CPR).

Un autocar con 40 inmigrantes, entrando el pasado día 11 en el centro de retención de inmigrantes italiano en la población de Gjader (Albania)
Azar del calendario -o no-, el mismo día la Comisión Europea daba a conocer su propuesta para establecer un Sistema Europeo Común para el Retorno, que entre otras cosas prevé, justamente, crear centros de retención y deportación de inmigrantes en terceros países -siempre que respeten los derechos humanos- siguiendo el modelo italiano. El proyecto de reglamento, que ahora deberá ser discutido por el Parlamento y el Consejo Europeo, se propone simplificar y agilizar los procedimientos de expulsión de aquellos inmigrantes irregulares a quienes se haya rechazado el asilo y hayan agotado todos los recursos. Y viene a ser un complemento fundamental del Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en 2024, que ha de entrar en vigor el 1 de julio de 2026.
Actualmente, las tasas de retorno de inmigrantes irregulares con orden de expulsión no pasan del 20%. Bruselas lo atribuye a que el sistema actual es demasiado complejo y está excesivamente fragmentado, además de a la falta de cooperación de algunos de los países de origen. La propuesta de la Comisión incluye instaurar una Orden Europea de Retorno (emitida por cada Estado y aplicable automáticamente por todos los demás) y una batería de medidas para forzar y garantizar la expulsión de aquellos inmigrantes que no cooperen y rechacen acogerse al “retorno voluntario” (económicamente incentivado)
Como última medida, el proyecto propone ampliar las posibilidades de detención a todo inmigrante que se encuentre ilegalmente en la UE y no coopere, se fugue a otro Estado miembro, no abandone la UE en el plazo establecido para la salida voluntaria o represente un riesgo para la seguridad. La detención podrá extenderse hasta 24 meses, en lugar de los 18 actuales, e incluso más allá si por razones de seguridad un juez así lo ordena. Todo el procedimiento estará supervisado por la justicia y del mismo quedarán excluidos las familias con menores y los menores no acompañados.
Frente a las suspicacias que estas medidas levantan entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Bruselas asegura que se respetarán los derechos fundamentales de las personas, que los candidatos a la expulsión tendrán derecho de apelación y que las detenciones estarán supervisadas por la justicia. Y añade que no se pone en cuestión el principio de no devolución (non-refoulement), derecho internacional que prohíbe expulsar a personas refugiadas a países donde su vida o libertad estén en peligro. La cuestión es ¿qué países pueden considerarse seguros y cuáles, peligrosos? La Comisión Europea hizo pública esta semana una primera lista de países de origen considerados seguros, entre los que están Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. El diablo, ya se sabe, está en los detalles.
· Caminos divergentes. Alemania se dispone a gastar más, mientras Francia busca apretarse el cinturón. El acuerdo de gobierno cerrado por democristianos y socialdemócratas en Alemania tiene como principal marca un freno a la política de austeridad. Bajo el impulso del futuro canciller, Friedrich Merz (CDU), Berlín ha hecho saltar los cerrojos constitucionales para gastar más en defensa, además de destinar un fondo de 500.000 millones de euros para inversión en infraestructuras. En París, el primer ministro François Bayrou, ha alertado a sus ciudadanos que el endeudamiento del país es insostenible y que el próximo ejercicio habrá que hacer un esfuerzo de 40.000 millones de euros entre recortes del gasto y aumento de impuestos.
· Si quieres la paz... prepárate para la guerra, sostiene la vieja sentencia romana. Y este sentimiento se está extendiendo a gran velocidad por Europa, conforme Estados Unidos da signos de desentenderse de la seguridad del continente. Los más preocupados son, obviamente los países fronterizos con Rusia, desde Finlandia a Polonia, pasando por los países bálticos. Todos estos estados han emprendido proyectos para blindar o fortificar su frontera con Rusia como elemento de disuasión y de prevención de un ataque exterior. Bloques de hormigón antitanque, zanjas y búnkeres poblarán el paisaje.
· Calentamiento especial. Ninguna parte del globo escapa a los efectos del cambio climático, pero su evolución y sus efectos no son los mismos para todo el mundo. En el caso de Europa, el calentamiento avanza particularmente rápido. Así lo concluye un informe sobre el Estado del Clima en 2004 elaborado por el servicio climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se constata que las temperaturas en Europa están aumentando a un ritmo más del doble de la media mundial. En el 2024, la temperatura en Europa fue de alrededor de 1,5 °C centígrados por encima de la media de los últimos 30 años.